Fuentes gubernamentales consultadas por Servimedia se limitaron así a recalcar su respeto a todo procedimiento judicial y a las decisiones que se tomen en este ámbito. Lo hicieron después de que el Supremo confirmase la inhabilitación de Torra para ejercer cargo público alguno durante año y medio por un delito de desobediencia, lo que significará su salida del Gobierno catalán.

El TSJCat le condenó por negarse a retirar del Palacio de la Generalitat una pancarta en defensa de los presos políticos y a favor del 'procés' en periodo electoral. Ahora, los cinco magistrados de la Sala Penal del Supremo, presididos por Andrés Martínez Arrieta, desestiman el recurso de casación presentado por Torra y avalan la inhabilitación.