Con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, Lourdes Rodríguez Rey, explicó que “las personas mayores, estén en la situación que estén, tengan las capacidades que tengan, son titulares plenos de todo tipo de derechos, todos los derechos que les reconoce la ley. Y los poderes públicos tienen la obligación de garantizar el ejercicio de esos derechos”.

El fiscal actúa siempre que hay una situación de “desprotección, desamparo y de abuso” en personas mayores o con discapacidad. Entre las funciones de la fiscalía está la de participar en todos los procedimientos de modificación de la capacidad de las personas. “Cuando una persona no puede decidir debidamente, hay que acudir a este procedimiento, que es una garantía de protección. El fiscal actúa fundamentalmente en aquellos supuestos de personas desamparadas, que no tienen familiares ni allegados”.

Otra de las funciones fundamentales del ministerio público es el control de las tutelas y determinar cómo el tutor o la persona que presta ese apoyo realiza sus funciones, cómo administra su patrimonio, cómo cuida y en qué condiciones está la persona asistida. “Tiene que rendir cuentas y se les exige responsabilidades. En estos momentos de crisis se han detectado abusos patrimoniales por parte de personas cercanas a las personas mayores, como sustracciones de dinero, mal empleo del dinero o incluso malos tratos físicos y psíquicos”.

También destaca la importante función de la inspección a las residencias, directamente o a través de los servicios sociales cuando hay una buena coordinación. La fiscalía lleva el control los ingresos involuntarios de los mayores y en las inspecciones “nos fijamos en las contenciones, en las sujeciones mecánicas y químicas, que tienen que estar prescritas y cumplir una serie de requisitos”. La fiscal destacó en este punto que ya hay residencias con el lema “sujeción cero”.

Rodríguez Rey también se refierió a la reacción “rápida y con bastante eficacia” del ministerio público durante la pandemia en las residencias. “Se han hecho seguimientos en todas las comunidades autónomas de todo lo que ocurría en estos centros con la información que nos transmitían los órganos correspondientes. Por la vía penal, se actuó recibiendo denuncias, tramitándolas cuando presentaban indicios de delito y tomando las medidas que en cada momento precisaba la situación”, señaló.

Asimismo, abogó por una regulación específica de los ingresos en centros residenciales o sociosanitarios para los mayores que ingresaron voluntariamente pero que, por el transcurso del tiempo u el deterior de facultades, pierden su capacidad de decisión.