La Asociación Pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales (Adeces), la Asociación de Internautas (AI), la Unió de Consumidors de Catalunya (UCC), la Unión de Consumidores de Euskadi (UCE) y la Unión de Consumidores de G (Ucgal) difundieron este martes un comunicado en el que señalan que la retirada de las permanencias “promueve la libre elección de los usuarios, que dejan de estar obligados a prolongar su relación contractual con un operador por la penalización que lleva aparejada la ruptura de la misma”.

Para estas entidades, la libre elección es el sustrato básico que impulsa la competencia en términos de calidad, ya que generalmente las decisiones de cambio de los usuarios se sustentan en la insatisfacción con el servicio recibido, y “la penalización opera como una barrera a la competencia”.

Las cinco asociaciones abogan por que los operadores conserven o ganen cuota de mercado por la calidad de sus servicios, precios y prestaciones “y no por la obligación de permanecer atado so pena de sanción económica”.

Hasta este momento, Movistar tenía fijado para los productos de Fusión un compromiso de permanencia de 3 meses, con una penalización de 130 euros, ligada a la instalación por primera vez de la fibra, señala el comunicado, que explica que el resto de operadores mantienen penalizaciones que oscilan entre los 181 euros de MásMóvil o 180 de Euskaltel y R, y los 100 euros de Orange.