La portavoz del Grupo Parlamentario Republicano, Montserrat Bassa, defendió que la propuesta exigía un “justo reparto por territorios según su recaudación, con un fondo de solidaridad”, teniendo en cuenta que, en los últimos años, Cataluña ha aportado el “25% de la recaudación estatal del 0,7% de IRPF destinado a fines sociales”.

Según sus cálculos, pese a aportar el 25%, la Generalitat “sólo puede disponer de un 14%”, lo que supone una pérdida superior a los 26 millones de euros anuales que tildó de “inaceptable”.

Tras subrayar que el Tribunal Supremo y el Constitucional se han pronunciado “hasta en 13 ocasiones a favor de las reclamaciones de la Generalitat”, Bassa señaló que en 2016 el Consejo Territorial de Servicios Sociales acordó “de forma extraordinaria y puntual, sólo para 2017”, que las regiones gestionarían el 80% de los fondos y la Administración General del Estado el 20% restante.

Por ello reclamó que la gestión de estos fondos pase a ser “íntegramente” de las regiones y que se garantice que la distribución de fondos se realiza “en función de lo aportado por los contribuyentes de cada territorio en el periodo de liquidación correspondiente”.

En el turno de fijación de posiciones, la portavoz de Ciudadanos, Sara Giménez, denunció que en su iniciativa, los republicanos “proponen fragmentar el sistema de trabajo del Tercer Sector y privar a entidades de ámbito estatal de la totalidad de fondos”, advirtió, citando a organizaciones como la ONCE y Cermi que, a su juicio, “desarrollan una labor social con una visión mucho menos compartimentada y fragmentada que la de las formaciones nacionalistas”.

En la misma línea, Ismael Cortés, portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, aseguró que la propuesta de ERC “podría representar un golpe al principio de solidaridad interterritorial que debe primar” y, desde el PSOE, la diputada Carmen Andrés se mostró contraria también a que la proposición no de ley “obvie” al Consejo Territorial a la hora de establecer criterios de distribución.

Desde Vox, la diputada Carla Toscano dio un “rotundo no” a esta iniciativa “sectaria y tendenciosa” porque su grupo “se niega a poner en sus manos la posibilidad de regar con dinero público a sus organizaciones afines”. “La PNL rezuma la más descarada y burda insolidaridad con las personas vulnerables que viven fuera de eso que llaman países catalanes”, añadió.

Por su parte, Miguel Ángel Paniagua, representante del Grupo Parlamentario Popular, aseveró que su formación “no puede estar en contra de un sistema validado por el conjunto de las comunidades autónomas para beneficiar a una que no quiere utilizar el presupuesto para fines sociales, sino solo políticos y quiere que el resto de España se lo aporte”.