Concretamente, considera que esta medida produciría el cierre de una alta proporción de las academias de idiomas actuales, y el pase de parte de sus profesionales a la llamada "economía sumergida", impartiendo clases particulares cuyos ingresos no tributarían por IRPF, ni cotizarían a la Seguridad Social.

"El encarecimiento para los usuarios que supondría incrementar nuestros servicios un 21% producirá forzosamente una disminución de nuestros alumnos, y por ello el cierre de centros y la pérdida de puestos de trabajo en el sector. Lo que el Estado ingresaría por la implantación del IVA quedaría compensado por menores ingresos en IRPF y seguros sociales, así como por mayores gastos en prestaciones por desempleo”, asegura el presidente de Fecei, Scott Markham.

En España, el aprendizaje de idiomas se considera una enseñanza no reglada, y los usuarios no tendrían la alternativa de solicitar plazas gratuitas en centros públicos, como sucedería en el caso de las enseñanzas regladas.

"Simplemente, descendería el número de personas que estudian otros idiomas, o se acudiría a clases prestadas en una economía sumergida, sin garantías de calidad y obviamente sin contabilizar de ninguna manera, cuando España es todavía uno de los países de la Unión Europea cuya población en edad laboral domina menos lenguas extranjeras", añade Scott Markham.

Según los últimos datos oficiales disponibles del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a 2016, solamente el 54 por ciento de los españoles en edad laboral (18 a 64 años) conoce un idioma extranjero, lo que nos sitúa en los últimos lugares de la Unión, con un porcentaje que solamente es menor en Rumanía, Hungría y Bulgaria.

"Con la necesidad que tiene España de que sus profesionales adquieran idiomas, la imposición del IVA en el sector supondría un grave retroceso en los avances que se venían produciendo", concluye Markham.