Según la confederación, este paso en el Parlamento supone “un avance histórico en el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Se trata, además, de “una conquista social del movimiento de la discapacidad, de gran trascendencia”, agregó.

Cristina Parredero, una joven con discapacidad intelectual que fue sometida a esterilización en contra de su voluntad, se felicitó a las puertas del Congreso de la aprobación de esta iniciativa, a la que ya solo le falta ser ratificada en el Senado.

“Siento que estamos a las puertas de un derecho tan importante que durante años nos han negado y que es el derecho a la libertad de reproducción”, dijo la directiva de Plena Inclusión. “Me llena de felicidad formar parte de este cambio histórico en nombre de todas las mujeres que han sido víctimas de esta lacra social. Ya es hora de que se haga justicia, y esto es gracias a un trabajo colectivo", recalcó.

Inés de Araoz, coordinadora del Área Jurídica de Plena Inclusión España, demandó, a su vez, a los poderes públicos que garanticen que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo van a contar con los apoyos necesarios para poder ejercer su maternidad o paternidad "tal y como desean”.

De acuerdo con datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, en la última década se han practicado más de un millar de esterilizaciones forzadas a personas incapacitadas judicialmente en España, en su gran mayoría mujeres. La ley española autoriza hasta la fecha que esta decisión la pueda tomar el tutor en el supuesto de personas con la capacidad modificada, con el refrendo de un juzgado, y que se haga sin el consentimiento de la persona a la que se le priva de su capacidad para tener hijos. Este es el punto que se pretende eliminar.