Son 2,3 millones de personas cuyas necesidades básicas están descubiertas, según datos recogidos por el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE (Odismet), cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

El indicador Arope (Risk Of Poverty and/or Exclusion) de la Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social, es en España uno de los más altos de Europa y aún continua en niveles superiores a los alcanzados en 2008. Actualmente, el 25,3% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión en el país, un punto y medio superior a los datos de la anterior crisis.

Este indicador sirve para medir los niveles de desigualdad entre poblaciones y es un criterio técnico que se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por hogar. No mide la pobreza en términos absolutos, sino cuantas personas tienen ingresos tan bajos que se encuentran en riesgo en relación al conjunto de población.

En 2019 el 20,7% de los residentes en España se encontraban en riesgo de pobreza, mientras que en el caso de las personas con discapacidad el indicador se eleva hasta el 23,6%.

En definitiva, las personas con discapacidad perciben menores ingresos, ya que su salario es un 17,3% inferior, y esta situación no está mejorando con los años. Los hombres con discapacidad cuentan con una tasa de riesgo de pobreza mayor (25,4% frente al 22,2% de las mujeres), circunstancia contraria a la que se produce entre la población general.

Donde hay coincidencias es en la situación de los más jóvenes y para el caso de las personas con discapacidad de 16 a 29 años la tasa se dispara hasta el 42,1%, según informó este viernes Inserta Empleo en un comunicado emitido coincidiendo con la conmemoración, mañana, del Día mundial para la erradicación de la pobreza.

EMPLEO

Otro de los componentes clave para construir el indicador Arope (riesgo de pobreza) es la intensidad en el empleo, es decir, aquellas personas que viven en hogares en los que sus miembros en edad laboral apenas han logrado trabajar un 20% de su tiempo posible de trabajo.

Las diferencias en este indicador también son claras entre la población general y las personas con discapacidad. En 2019 un 10,8% de los menores de 60 años residían en hogares con baja intensidad laboral y en el caso de las personas con discapacidad en esta franja de edad el porcentaje es del 34% (seis puntos más que el año anterior), un signo de las dificultades de acceso al empleo para las personas con discapacidad, ya que cuentan con una tasa de empleo del 25,8% (40 puntos menos que las personas sin discapacidad).

El último de los componentes utilizado para la medición de pobreza y exclusión social es la privación o carencia severa de aspectos básicos de la vida diaria. Sobre un listado de nueve conceptos debe existir la privación de cuatro o más de ellos para considerar a la persona en situación de carencia material severa.

Este componente informa del grado de vulnerabilidad de la población y las personas con discapacidad se encuentran a la cabeza, ya que el 7,5% de ellas tienen esta situación frente el 4,7% de la población general.

El 50,6% de las personas con discapacidad viven en hogares que no pueden permitirse ir de vacaciones una semana al año (entre la población general el porcentaje es del 33,5%); casi la mitad de las personas con discapacidad (46,1%) no pueden hacer frente a gastos imprevistos (12 puntos por encima de la población general) y hasta un 11,4% de personas del colectivo están en situación de pobreza energética dado que no puede permitirse mantener su vivienda con una temperatura adecuada, algo que sólo le ocurre al 7,6% de la población.

Igualmente, han sufrido retrasos en hipotecas, pago de suministros y préstamos con mayor intensidad. La vulnerabilidad del colectivo se está convirtiendo en estructural, hasta el punto de que casi el 60% (58,7%) tiene alguna dificultad para llegar a fin de mes (más de nueve puntos por encima) e incluso el 12,2% llegan a fin de mes con mucha dificultad.

EFECTO COVID-19

Los datos e indicadores sobre pobreza y exclusión social para las personas con discapacidad actuales son peores que los registrados en el año anterior, todo ello sin contar aún con el efecto Covid, por lo que se avecina para el colectivo mayor pobreza y desigualdad, que se está a tiempo de mitigar prestando la máxima atención y apoyo con planes de actuación para los más vulnerables.

Odismet se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.