El estudio, elaborado a instancia de Aecoc, ACES, Anged, Asedas, Hostelería de España, Marcas de Restauración, Promarca y FIAB, y presentado este martes, valora negativamente la medida anunciada por el Gobierno de cara a 2021 de subir el IVA de las bebidas azucaradas del actual tipo reducido del 10% al general del 21% con el objetivo de luchar contra el sobrepeso.

En concreto, indica que dicha subida tendrá “impactos negativos en la economía, con caídas de facturación, Valor Añadido Bruto (VAB) y empleo” y que “también repercutiría gravemente en la cadena de valor agroalimentaria: sector agrario, industria, transporte, distribución y restauración”.

Así, el informe señala que el incremento del tipo de IVA para determinadas categorías de productos podría suponer para la economía española una caída de la facturación de cerca de 120 millones de euros, una pérdida de Valor Añadido Bruto de 110 millones de euros y una destrucción de casi 2.000 puestos de trabajo.

Asimismo, apunta que “la evidencia científica basada en la experiencia de países que han implementado impuestos a alimentos y bebidas con el objetivo de mejorar la salud demuestra que la política fiscal utilizada para resolver el problema de la obesidad es limitada, inconcluyente e incluso lo han eliminado por los efectos negativos que tiene sobre la actividad económica, el empleo o la equidad”.

A este respecto, el estudio pone el ejemplo de Francia y México, señalando que “tras seis años de aplicación del impuesto a las bebidas azucaradas, no muestra hasta el momento ningún efecto en términos de reducción de sobrepeso y países como Dinamarca, Eslovenia, Australia y Colombia lo han eliminado por ineficaz y negativo para el conjunto de la economía”.

Por ello, representantes del sector apuntan a la importancia de “impulsar la colaboración púbico-privada e implicar a todos los agentes en todos los sectores de la economía de cara a sensibilizar a la población, promocionar e incentivar estilos de vida más activos y saludables, desarrollar acciones informativas y educativas, dotar con infraestructuras e instalaciones a la ciudadanía y promover acuerdos y compromisos en los distintos ámbitos”.

En esta misma línea, las patronales que integran la cadena alimentaria consideran que “para enfrentarnos de forma efectiva al problema de la obesidad y evitar los efectos colaterales que una política fiscal puede tener sobre la economía y sociedad española, es necesario seguir un enfoque holístico, multisectorial y coordinado entre el sector público y privado”. “La obesidad, el sobrepeso y otras enfermedades están originados por múltiples factores y no se pueden combatir con impuestos”, añaden.

Asimismo, destacan que el IVA es “un impuesto regresivo” y que su subida “impactaría negativamente en las rentas más desfavorecidas”.