“Todo es mejorable y nos importa muchísimo cómo complementan las comunidades autónomas, pero hemos conseguido que exista por fin un IMV en todo el país y le estamos garantizando a un ciudadano de cualquier comunidad la misma cuantía”, añadió Milagros Paniagua, durante un conversatorio organizado por la publicación ‘Cermi.es semanal’, sobre la que recoge un amplio reportaje en la edición 410, difundida este viernes.

La representante del Ministerio de Inclusión reconoció la mayor situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad y su menor tasa de inclusión laboral, por lo que destacó que esta herramienta debe estar enfocada también al acceso al mercado de trabajo. Asimismo, dijo que “el IMV viene a cubrir una situación en España con un sistema de prestaciones e impuestos que no es capaz de modificar una situación de pobreza estructural que arrastramos desde hace décadas”.

En la mesa de debate intervino también la diputada del PP Alicia García, quien señaló que, a pesar de que su partido apoyó el IMV, por considerarlo un gran avance, ha generado expectativas que no se están cumpliendo meses después. Además, recordó que el sector de la discapacidad llevaba años reclamando un IMV y ahora sus propuestas de mejora son “bastante acertadas”.

La parlamentaria de Ciudadanos Sara Giménez desgranó algunas de las propuestas planteadas por la formación naranja, entre las que sobresale que no se excluya como titulares del IMV a las personas con la capacidad jurídica modificada; que se tenga en cuenta en las cuantías si hay personas con discapacidad en los hogares; reducir incompatibilidades con otras prestaciones sociales, y apostar por la inclusión laboral, promoviendo la contratación de perceptores del IMV.

Desde el movimiento de la discapacidad, el director de Plena Inclusión, Enrique Galván, valoró positivamente la puesta en marcha del IMV, pero pidió que se elimine “su visión capacitista”. Entre las ideas de mejora, resaltó que se contemple la compatibilidad de IMV con ser beneficiario de servicios sociales y sanitarios, ya que son elementos distintos. “A una familia no se le niega una beca de comedor por tener ayuda en el alquiler, pues son de naturaleza distinta”, ejemplificó.

Galván reclamó también que el IMV no sirva para que se reduzcan otras prestaciones de otras administraciones territoriales, al tiempo que expresó su preocupación por cómo quede recogida la condición por “hijo a cargo”.

Por parte de la Confederación Estatal de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Daniel Aníbal García, destacó la importancia de potenciar la inclusión laboral, porque “tenemos miedo de que ocurra como en otros países, que se haga un gran nivel de apoyos, pero un bajo nivel de inserción laboral”. En cuanto a las incompatibilidades afirmó que “cada prestación tiene un objetivo y las prestaciones con objetivos diferentes, deben ser compatibles entre sí”.

100.000 PERSONAS “ENCERRADAS” EN CASA

Por otro lado, el senador de Ciudadanos y diputado en la Asamblea de Madrid Tomás Marcos ha concedido una entrevista con ‘Cermi.es semanal’ en la que aborda la proposición de ley planteada por su formación política para reformar la Ley de Propiedad Horizontal, para que, si logra el apoyo de la Cámara autonómica, se eleve al Congreso de los Diputados. Esta misma fórmula se empleó con la modificación de la ley electoral, con el fin de acabar con la privación del derecho al voto de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.

Como explica Tomás Marcos, el texto propuesto por Ciudadanos establece que las obras de accesibilidad, tales como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos, solicitadas por personas que las necesiten tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la Junta de propietarios. Igualmente, indica que “la propuesta incluye la posibilidad de obligar a las administraciones públicas a habilitar fondos anuales dedicados a "sufragar programas de ayudas y subvenciones públicas para la reforma, rehabilitación y acondicionamiento de edificios de viviendas en materia de accesibilidad".

“La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal afecta a unas 100.000 personas que están atrapadas, encerradas y confinadas en sus viviendas, pero se trata de una reforma necesaria incluso en el caso de que fueran 20 personas las afectadas, por una cuestión de derechos fundamentales”, apostilla el senador de Ciudadanos, quien recuerda que se han hecho eco de una propuesta de Cermi Madrid y Cermi Estatal.

Por último, la publicación semanal repasa la actualidad sobre discapacidad; aborda las novedades legislativas y en materia de Derecho y Discapacidad, e incluye una entrevista con la poetisa Rocío García Valdés.