En su resolución, el TC declara que para conceder una extradición se requiere del control judicial en origen para garantizar la tutela judicial efectiva del extraditado y acuerda conceder amparo a un ciudadano colombiano al que la Audiencia Nacional decidió extraditar a la República de Colombia para su enjuiciamiento por presuntos delitos de daños informáticos y cohecho.

La sentencia anula las decisiones de la Sección Tercera de la Sala Penal de 3 de mayo y del Pleno de la Sala de 1 de julio de 2019, respectivamente, al considerar que se han vulnerado los derechos del reclamante de amparo a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías en conexión con sus derechos a la libertad personal y a la libertad de residencia y circulación.

La sentencia afirma que “las resoluciones judiciales impugnadas de la Audiencia Nacional al aceptar de las autoridades colombianas como soporte de la demanda extradicional un escrito de acusación del fiscal carente del genuino refrendo judicial han incurrido en un déficit de tutela del derecho a la libertad del reclamado”.