Según informa la patronal Unespa, el pasado abril estas compañías aportaron 38 millones de euros que se están empleando en proteger a todo el personal de hospitales, centros públicos de atención primaria y servicios de emergencias, así como a quienes trabajan en residencias de mayores o de personas con discapacidad. En total, la industria del seguro da cobertura gratuita a más de 1 millón de personas que presta sus servicios en estos centros en todo el país.

La protección se anunció en primavera y dio comienzo con carácter retroactivo. Se tomó como fecha de partida de la cobertura el pasado 14 de marzo, día en que se declaró el estado de alarma.

Originalmente, el seguro tenía una vigencia de medio año. Su vencimiento estaba previsto, por lo tanto, para el 13 de septiembre. A la vuelta de vacaciones fue prorrogado hasta el 31 de octubre. Ahora se extiende su plazo por segunda vez y estará operativo hasta fin de año.

La protección que el seguro presta a este colectivo se mantiene igual. El capital asegurado en caso de fallecimiento por causa directa de la Covid-19 asciende a 30.000 euros por persona. El subsidio de hospitalización, entre tanto, conllevará el pago de 100 euros al día al profesional ingresado siempre que su estancia hospitalaria supere los tres días y hasta un máximo de dos semanas. Es decir, los pagos oscilarán entre los 400 y los 1.400 euros.

La póliza da cobertura a todas las personas que prestan sus servicios en los centros sanitarios y residencias. El listado de los perfiles profesionales que cuentan con esta protección gratuita, la documentación que deben aportar, así como las vías de contacto para remitirla se encuentran detalladas en la web de Unespa.