Así se expresó el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, en su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, en la que planteó las principales prioridades del sector de la discapacidad de cara a la actual legislatura.

Pérez Bueno inició su intervención con “un recordatorio sentido y dolido a todas las víctimas y personas damnificadas por la pandemia y a sus familias y, en particular, a las del ámbito de la discapacidad que, junto con las personas mayores, han sufrido desproporcionadamente los efectos de esta crisis masiva de salud, devenida también en crisis social y económica, de magnitud desconocida”.

Además, expresó su preocupación por la situación en la que se encuentran las organizaciones del ámbito de la discapacidad al estar haciendo frente a importantes sobrecostes derivados de la pandemia, por lo que solicitó un fondo de rescate para el Tercer Sector de acción social en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 (PGE), con el fin de no poner en riesgo la atención que las organizaciones sociales prestan a la ciudadanía en situación de mayor vulnerabilidad.

AVANCES LEGISLATIVOS

En materia legislativa, valoró positivamente que se encuentren en trámite parlamentario la derogación de las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, que únicamente ya tiene que aprobar definitivamente el Senado; la reforma del Derecho Civil y Procesal para migrar de un modelo de supresión de la capacidad jurídica a otro basado en la provisión de apoyos para la toma de decisiones en aquellas personas con discapacidad que lo precisen, y la reforma del artículo 49 de la Constitución, que comenzará próximamente su tramitación parlamentaria, con el fin de reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad y actualizar la terminología con la que se alude a este grupo social.

Pérez Bueno instó también a terminar con los internamientos forzosos de personas con discapacidad psicosocial. Asimismo, llamó a avanzar hacia un modelo de educación inclusiva con apoyos individualizados en función de la necesidad de cada estudiante con discapacidad.

En materia de servicios sociales, urgió a revertir “los recortes de derechos, prestaciones y apoyos producidos como consecuencia de la crisis económica y de las políticas de austeridad de los poderes públicos de la última década”. En este sentido, pidió el apoyo del Parlamento a la iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por el movimiento Cermi en 2015 contra los actuales criterios de copago en materia de autonomía personal y dependencia, al tiempo que apremió a reforzar los apoyos en asistencia personal para una vida independiente y a aprobar una estrategia de desinstitucionalización.

También planteó el “robustecimiento del Sistema Nacional de Salud (SNS)” y que las personas con discapacidad sean consideradas “grupo de atención preferente”, con especial atención a la salud mental, el daño cerebral y las enfermedades raras.

Igualmente, el presidente del Cermi, que advirtió de la mayor discriminación que sufren las mujeres y niñas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, urgió a aprobar una estrategia nacional sobre trastorno del espectro autista (TEA) para garantizar los apoyos necesarios a estas personas.

Respecto del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el responsable del Cermi indicó que es un instrumento de protección social positivo, reclamado durante años por el sector de la discapacidad, pero pidió que se refuerce la protección de las personas con discapacidad como grupo social en situación de vulnerabilidad.

ACCESIBILIDAD Y EMPLEO

En cuanto a la accesibilidad universal, Pérez Bueno recordó que el 4 de diciembre de 2017 concluyó el plazo legal que España se dio en 2003 para que todos los bienes, entornos y servicios de interés fueran accesibles.

Además, reclamó reformar la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos no puedan negarse a acometer obras cuando sean solicitadas por personas mayores o con discapacidad y solicitó crear un fondo estatal de impulso de la accesibilidad, nutrido con el 1% de los Presupuestos del Estado en materia de fomento y agenda digital y de los ingresos de las sanciones de la Administración General del Estado por infracciones derivadas de la ausencia de accesibilidad.

El presidente del Cermi pidió la máxima celeridad para la aprobación de la Ley de Accesibilidad Cognitiva, en trámite en el Congreso, y exigió la adopción y culminación de los desarrollos reglamentarios de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación.

En el apartado de activación laboral, lamentó la mayor exclusión que sufren las personas con discapacidad en este ámbito, que se verá agravada por los efectos de la pandemia, por lo que subrayó que es “más urgente que nunca” la aprobación de una nueva ley de inclusión laboral, puesto que la actual es de los años 80 y la realidad ha cambiado notablemente. De este modo, fijó el reto de elevar la tasa de actividad de las personas con discapacidad del 38% actual al 50% en los próximos años, lo que supondría la incorporación al mercado de trabajo de unas 150.000 personas.

“Deseamos estar en una posición, personal y colectiva, no de pedir, sino de contribuir, intensamente, a la mejora colectiva, a una vida en comunidad más decente, de la que deseamos ser corresponsables”, sostuvo el presidente del Cermi, quien precisó que “la discapacidad como diversidad humana que enriquece a la comunidad sólo puede alcanzar su plenitud si existe una política pública y una acción legislativa exigente en clave de derechos humanos, inclusión y bienestar que permita liberar, para el bien colectivo y la mejora social, el enorme potencial de estas personas retenido por los obstáculos y barreras de un entorno todavía hostil y reticente”.