Su reacción tiene lugar tras conocerse que el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 baja desde 8.000 a 2.000 la posibilidad de realizar desgravaciones en planes de pensiones privados individuales, subiéndolo de 8.000 a 10.000 en los sistemas colectivos -límite conjunto para el trabajador o partícipe y su empresa-.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que la medida está en línea con las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y la Comisión Europea, afectará a un número reducido de contribuyentes que están aplicándose la reducción máxima y busca “incentivar que las empresas aporten a los planes de pensiones en el marco del diálogo social y la negociación colectiva”.

Sin embargo, Inverco, que aglutina a la práctica totalidad de las instituciones de inversión colectiva (fondos y sociedades de inversión, fondos de pensiones, ect), y Unespa, que reúne a casi 200 aseguradoras y reaseguradoras con el 98% del negocio sectorial, refutan uno a uno los argumentos del Gobierno y alertan de que perjudicará al final al ahorro para la jubilación.

Por un lado, avisan de que van a verse de forma directa e “inmediata” afectados los “más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y casi un millón de personas en planes de previsión asegurados (PPA)” existentes en España.

Pero además denuncian que es “discriminatorio para la gran mayoría de la población ocupada española” por la propia configuración del tejido empresarial español ya que hay 3,3 millones de autónomos y empresarios individuales que sólo podrían contratar planes individuales, ahora penalizados, y la mayor parte de los trabajadores por cuenta ajena trabaja en pymes, “en las que el ahorro colectivo apenas está presente”.

Sólo por esta realidad defienden que lejos de penalizarlo “se debe posibilitar” a toda esta población ocupada que queda fuera de la previsión social empresarial “que pueda acceder a sistemas de previsión individuales en las mismas condiciones y requisitos que cualquier otro trabajador”. Además lo juzgan “necesario e imprescindible para todos aquellos que no puedan acceder al sistema de empleo por no estar las reformas desarrolladas” o hasta que tengan ahí una hucha suficiente.

En contra de la medida adoptada por el Gobierno creen que los límites a las aportaciones “deberían suprimirse en lugar de minorarse y sustituirse por un límite global de aportaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral” para que cada uno pueda hacer hucha en función de la situación durante su trayectoria sociolaboral. Reparan además en que han sido cajones que cuando se han producido crisis como la actual han permitido recuperar el ahorro acumulado ayudando a los ciudadanos a encarar la situación.

“Las crisis económicas son fenómenos cíclicos y se materializan varias veces a lo largo de la vida laboral de las personas, como demuestra la experiencia de las primeras dos décadas del siglo XXI”, refieren, instando a que se permita a los trabajadores, ya sean por cuenta propia o ajena, “recuperar su capacidad de ahorro para la jubilación en los años en los que tienen estabilidad en sus ingresos”.

Además, alertan de que España adolece de un “significativo déficit de ahorro para la jubilación en comparación con la situación existente en el resto de países de su entorno” y cubrirlo “no puede dejarse exclusivamente a cargo de las empresas” si no que hay que permitir a los trabajadores hacer su hucha para el retiro de forma independiente.

Al respecto señalan que los productos individuales permiten elegir el perfil de la inversión y “adecuarlo al ciclo vital de cada ahorrador, una flexibilidad que no está presente en los planes de empresa” o movilizar su dinero hacia el producto que le ofrezca mejores prestaciones.

Unespa e Inverco niegan la mayor al Gobierno al afirmar que no existe un coste fiscal real, ya que lo que el partícipe se ahorra la ingresar fondos en su producto para las pensiones lo tributa cuando lo rescata en el momento de la jubilación. “Este efecto ha sido reconocido, de hecho, por la Airef, en su reciente spending review, que además ha reducido sustancialmente el análisis del beneficio fiscal de 1.630 a 450 millones de euros”, indican.

Por último, denuncian que va en contra de las tendencias y experiencias internacionales subrayando que la Comisión Europea aboga por desarrollar unos sistemas de pensiones adecuados, sostenibles y seguros construyendo los tres pilares: las pensiones públicas, con unos sistemas profesionales de pensiones colectivos (segundo pilar) y con los productos adicionales de ahorro individual (tercer pilar).

“Estos son los motivos por los que en prácticamente todos los países de la UE existen estímulos fiscales al ahorro y se conceden incentivos fiscales para la promoción y desarrollo de sistemas de previsión social, tanto empresariales como individuales”, afirman, recordando que está a punto de lanzarse precisamente un producto europeo de pensiones individuales creado por la propia Unión Europea para fomentar el ahorro individual.

“La reducción drástica de la fiscalidad de los sistemas individuales en España contravendría la clara tendencia internacional y europea de estimularlos”, concluyen ambas patronales.