La sentencia declara que la titularidad para el conocimiento de dicho expediente corresponde a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia porque esa campaña podía "alterar la libre competencia en un ámbito supraautonómico o en el conjunto del mercado nacional".

El tribunal considera que esa campaña publicitaria producía unos efectos potenciales en el consumo de productos que transciende del mercado estrictamente catalán y que podía llegar a tener alcance fuera de los límites de la comunidad y afectar a diferentes sectores económicos incluido el energético.

El TC concluye que esa vocación supraautonómica estaba entre los objetivos de la ANC para "potenciar la creación de estructuras económicas desvinculadas de las empresas del Ibex 35 y de los poderes políticos del Estado español y favorecer un tejido productivo catalán próspero por sí mismo", además de "potenciar empresas alternativas a las que participan en la campaña del miedo".

Entiende el TC que corresponde al Estado, en el ejercicio de sus competencias, establecer las bases y coordinación de la planificación de la actividad económica, defendiendo el mercado y el ejercicio de la libre competencia.