En un comunicado, denunció la situación de pobreza en la que viven las personas con discapacidad intelectual y sus familias, que “en ocasiones es más grave que la del conjunto de la población”. Por ello, resulta “urgente asegurar el acceso al Ingreso Mínimo Vital para las personas con discapacidad intelectual”, reclamó, así como fomentar “los itinerarios de inclusión y políticas activas de empleo de este colectivo”.

También pidió reforzar la prestación por hijo a cargo y medidas de conciliación familiar y laboral, además de asegurar “la sostenibilidad de las organizaciones de apoyo a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo”, “se encuentran en una situación crítica al hacer frente en solitario a los sobrecostes y reconfiguraciones de servicios que supuso la pandemia”.

Subrayó que estas entidades no han contado con ningún ingreso extraordinario de las administraciones públicas, por lo que urgió a aumentar los conciertos de las plazas, que “han quedado absolutamente desactualizados tanto en el sistema de dependencia como en la cartera general de servicios sociales de las comunidades autónomas”.

Además, exigió que los fondos destinados a la educación y a la formación profesional alcancen a los niños y niñas con necesidades educativas especiales (NEE), ya que “las dificultades de la brecha digital, la pérdida de terapias durante el confinamiento y el refuerzo del personal docente y sanitario precisan de financiación”.

Finalmente, exigió “un despliegue de los fondos económicos con la transparencia y trazabilidad suficiente para asegurar que el impacto alcance a los colectivos y organizaciones que están en situación de mayor vulnerabilidad”.