En concreto, el Ejecutivo explica en el libro de 'Presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado' que los recursos que se destinarán en 2021 a la “política de Justicia” ascienden a 2.048 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,6% respecto a las anteriores cuentas. De este importe, la participación del Ministerio de Justicia, incluido el Centro de Estudios Jurídicos, alcanza una dotación de 1.975 millones de euros, que implica un incremento de 136 millones de euros.

Asimismo, el CGPJ recibirá 73 millones de euros, lo que representa un incremento de 8 millones de euros, es decir, del 12% respecto a las anteriores cuentas.

Dentro del importe global dedicado a política judicial, se recogen 28 millones como anualidad prevista para 2021 correspondiente a la ejecución por parte del Gobierno del instrumento temporal de recuperación de la Unión Europea llamado 'Next Generation EU' en su vertiente de Justicia.

Este programa está orientado a mejorar la capacidad que tiene la Justicia española para contribuir a la cohesión social, el dinamismo económico y empresarial, así como a la propia reducción de sus costes generales de funcionamiento mediante su transformación digital y la transición ecológica de algunas de sus sedes.

240 PLAZAS DE JUECES Y FISCALES

Desde el punto de vista presupuestario, los medios económicos que se destinan a financiar los 'gastos de personal' integrantes de la política de Justicia alcanzan, en el ejercicio 2021, los 1.618 millones de euros. Este importe supone el 79% del total del presupuesto del departamento que dirige Juan Carlos Campo.

Con estas dotaciones se financiarán la creación de nuevas unidades judiciales, la ampliación de plantilla del Ministerio Fiscal y las nuevas Unidades Forenses de Valoración Integral. También se dedicará el incremento presupuestario a las plazas en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas comprometidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como la continuación del proceso de puesta en marcha de las nuevas oficinas judicial y fiscal.

Con el fin de asignar los nuevos recursos de forma más eficiente, se prevé una oferta de empleo de hasta 240 plazas para ingreso en las carreras judicial y fiscal. Se busca con ello la estabilización numérica de la oferta de empleo público para estos profesionales; reducir la interinidad; y dar curso a la programación de desarrollo de la planta judicial, reduciendo la sobrecarga y los tiempos de espera y dar respuesta a las nuevas necesidades organizativas, procesales y estructurales de la justicia a medio y largo plazo.