Así consta en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, que presentó este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados.

La dotación presupuestaria para 2021 para gasto en prestaciones del Fogasa, organismo que avala el pago de indemnizaciones y salarios a los trabajadores cuyas empresas son insolventes o están en concurso de acreedores, alcanza los 831 millones de euros, 33 millones más que en 2020.

El Gobierno explica que “responde al impacto en el empleo originado por la situación derivada de la pandemia”.

Asimismo, el Fogasa recibirá del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia dos millones de euros destinados a la digitalización de los procesos relativos a la gestión de las prestaciones de garantía salarial.