Desde La Moncloa se sostiene que, la orden PCM 1030/2020 de 30 de octubre por la que se publica el procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional del pasado 6 de octubre, “en ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones”.

Ante el revuelo político, que ha llevado al Partido Popular a solicitar explicaciones y amenazar con recurrir a Europa si Pedro Sánchez no rectifica la orden para “perseguir lo que considere desinformación”, La Moncloa expuso los “puntos más destacados” de la orden.

Según el Gobierno, este procedimiento es una “respuesta directa” a la Unión Europea de desarrollar planes nacionales coordinados contra la desinformación que, en el caso español comenzó hace un par de años.

En España, dice La Moncloa, el Plan de Acción contra la Desinformación fue creado en 2018 a petición de la Comisión Europea para afrontar la desinformación y las campañas que puedan afectar a la seguridad ciudadana o a la estabilidad de las instituciones, en especial durante los procesos electorales.

Por su parte, el Ejecutivo ahonda en que el plan de la Unión Europea considera necesaria una actuación más coordinada a nivel comunitario y acorde a los valores democráticos de nuestras sociedades.

El procedimiento aprobado tiene como “finalidad evitar la injerencia extranjera en procesos electorales, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de España”.

La Moncloa ensalza que, en consonancia con el artículo 20 de la Constitución Española, el plan defiende el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a la información veraz y plural como uno de los pilares esenciales de nuestras democracias. Su objetivo es, “precisamente, luchar contra las campañas de desinformación que atenten contra este principio”.

Este procedimiento se encuadra dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad y, junto a los organismos que lo desarrollan, “están invitados a participar en la lucha contra los procesos de desinformación los propios medios de comunicación y la sociedad civil”, concluye la nota aclaratoria que ofreció la Secretaría de Estado de Comunicación.