Así lo puso de manifiesto este jueves el secretario general de Consumo y Juego, Rafael Escudero, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados para informar sobre temas relativos al proyecto de los PGE para el año 2021.

Durante su intervención, precisó que el presupuesto total de la Secretaría General es de algo más de 11 millones de euros, de los cuales más de 10 millones de euros, el 92%, se compone de transferencias corrientes a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, de los más de 48 millones de euros con los que contará el Ministerio de Consumo en su conjunto.

Con respecto a la actividad del juego, Escudero subrayó que este mercado ha experimentado un crecimiento acumulado del 300% en los últimos siete años, lo cual exige, a su juicio, un “esfuerzo importante” de control.

En este punto, recordó la futura aprobación de un real decreto de juego seguro para evitar que se produzcan “prácticas no deseadas”, especialmente entre los más jóvenes, e hizo referencia a la tasa que pagan los operadores por la gestión administrativa de esta actividad y que el próximo ejercicio permitirá destinar casi cinco millones de euros a políticas de lucha contra el fraude y de juego informado y de reparación.

Por lo que se refiere a la Dirección General de Consumo, dedicará tres millones al fomento de las asociaciones de consumidores y usuarios, a los que se unen 200.000 euros para la promoción de los derechos de consumidores y usuarios en Internet y más de 1,5 millones de euros para el fomento de los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos.

El secretario general de Consumo y Juego defendió que “cada euro" invertido en estos proyectos produce "un retorno social y un efecto multiplicador sobre la confianza de los consumidores" en las políticas de garantía de derechos y de promoción de un modelo de consumo "responsable, sostenible y garantista para la ciudadanía”.

En este punto, reconoció que la pandemia ha sustanciado la necesidad de “reforzar” los instrumentos jurídicos de protección a los derechos de los consumidores.

LINEAS ESTRATÉGICAS

Entre las líneas estratégicas de su departamento, citó la “voluntad” de modificar el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, tanto para adaptarlo a las directivas europeas como para asegurar que conceptos como “personas consumidoras vulnerables estén actualizados normativamente en función de la realidad socioeconómica”.

Ello, con el fin de resolver una “laguna legal importante” a partir de un “paraguas legislativo” para favorecer la protección de consumidores en situación de “desigualdad, indefensión y desprotección”.

Por otro lado, tiene previsto aprobar un plan de consumo responsable para el período 2021-2023 así como tres campañas de comunicación por valor de casi 500.000 euros sobre malnutrición infantil, consumo responsable y prevención de estereotipos sexuales.

Finalmente, con respecto al proyecto para ordenar la instalación de cámaras de videovigilancia en mataderos, avanzó que, “en las próximas semanas”, saldrá a información pública un borrador de real decreto que recoge esta “vieja demanda” de la industria, las organizaciones agrícolas y ganaderas y las comunidades autónomas.