El Cermi señaló en un comunicado que la legislación procesal civil española (artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, LEC) permite con intervención judicial este tipo de internamiento, "lo que vulnera claramente los mandatos en cuanto a la protección de la libertad personal establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad", que dispone en su artículo 14 que estas “no se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y que cualquier privación de libertad sea de conformidad con la ley, y que la existencia de una discapacidad no justifique en ningún caso una privación de la libertad”.

La permanencia en el ordenamiento jurídico español de los internamientos forzosos “por razón de trastorno psíquico”, como reza la LEC, colisiona, añade el Cermi, con la exigencia del tratado internacional de la discapacidad de que en ningún supuesto la existencia de una discapacidad puede justificar una privación de la libertad.

Tras la extensión del derecho de voto a todas las personas con discapacidad sin excepciones y la próxima erradicación de la esterilización forzosa, pendiente del trámite último del Senado, el movimiento Cermi en su agenda de derechos humanos y discapacidad "trabajará intensamente por la derogación de los internamiento forzosos, como gran cuestión no resuelta"