Para Inés de Araoz, responsable jurídica de la confederación, esto demuestra que todos los sistemas de protección social (educativo, servicios sociales, sanitario, judicial…) fallaron a la hora de detectar y de proteger a estas personas.

Como consecuencia de todo ello, “solo en el 31,5% de los procesos que involucraron a personas con discapacidad intelectual se tuvo en consideración esta circunstancia”, y eso pese a que cierto porcentaje sí es detectado durante el juicio.

“Un número muy elevado de personas con discapacidad intelectual pasa por el sistema judicial sin ser detectadas y sin recibir por tanto ningún apoyo”, lamentó, algo fundamental “para entender por ejemplo las sentencias, pero también las normas de conducta en la cárcel, los horarios, la posibilidad de pedir permisos, la participación en programas formativos, etc.”.

El estudio, cuyos resultados preliminares fueron presentados en junio de 2019, se realizó a partir de 367 reclusos y exreclusos con discapacidad intelectual y el testimonio de 81 trabajadores que atienden a este colectivo en las cárceles españolas.

REINCIDENTES

En primer lugar, destaca la alta tasa de reincidencia entre el colectivo, que asciende al 54% de estos reclusos, cuando entre la población general oscila entre el 30 y el 35%. Según De Araoz, un 53,9% de las personas entrevistadas son drogodependientes y este consumo estaba relacionado con la comisión de los delitos en el 71,2% de los casos.

“También resulta preocupante” que solo un 27% de estas personas accede a tratamientos de deshabituación, prosiguió, y el 70% de ellas “presentan un riesgo alto de volver a consumir” al salir de la cárcel. De hecho, aunque en la investigación participaron 367 reclusos, fueron 743 los procesos analizados, “prueba de la alta reincidencia”, dijo De Araoz.

En su opinión, “este estudio es la crónica de una reincidencia anunciada”, debida ”a un fracaso de toda la sociedad”. “Primero se les hace invisibles y luego, cuando salen, nadie los quiere”.

Otros datos significativos del colectivo tienen que ver con la alta prevalencia de problemas de salud mental (36,7%), conductas desafiantes (28%) y delitos relacionados con la libertad sexual (13%). Además, muchos proceden de “entornos conflictivos y tienen grandes dificultades de lectura, comprensión, etc.”. Por ello, necesitan una red de apoyos amplia y compleja.

SALEN MENOS

Por otro lado, De Araoz criticó el exceso de medidas privativas de libertad y de estancia en prisión dictadas contra personas con discapacidad intelectual, “cuando se sabe que el medio carcelario resulta muy hostil y desaconsejado” para ellas.

De hecho, el 94% de las personas entrevistadas cumplen su condena en centros penitenciarios. Además, el 89,5% tienen una medida de privación de libertad y el 8,5% cumple una medida de seguridad (privativa o no de libertad). Solo en el 3% de los casos se suspenden o se sustituyen las penas por otras medidas alternativas, declaró De Araoz.

Además, solo un 5,7% de los reclusos con discapacidad intelectual disfruta de un tercer grado, situación en la que se encuentra el 28,5% de la población presa general. Según De Araoz, esto se debe a que estas personas apenas solicitan salidas programadas (el 69% nunca lo ha hecho) y permisos (59%), requisitos previos para acceder a dichos beneficios. “Aquí debemos estudiar si no lo solicitan por desconocimiento, por temor o porque necesitan más apoyos”.

El informe subraya, asimismo, que solo el 16,2% de este colectivo participa en cursos de preparación para el empleo y que, aunque más del 62% asisten a talleres y cursos, la gran mayoría están relacionados con la discapacidad. Dada la alta prevalencia de adicciones y de problemas de salud mental, habría que fomentar su participación en más programas, afirmó De Araoz.

APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN

En la jornada intervino también el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, quien asumió la responsabilidad del sistema de adaptarse a las necesidades de estos reclusos. Reconoció que su alta tasa de reincidencia “supone un fracaso”, pues en las sociedades modernas, el sistema penitenciario persigue la reinserción.

Ortiz puso en valor los buenos resultados obtenidos en los módulos especializados en discapacidad intelectual de las cárceles de Extremera y de Segovia, donde también trabajan técnicos de Plena inclusión. De hecho, está comprobado que el contacto con las asociaciones mejora la reinserción de estas personas y evita que reincidan.

Según el responsable de Instituciones Penitenciarias, la llegada de la Covid-19 interrumpió la apertura de dos nuevos módulos de estas características “en las comunidades con mayor porcentaje de población reclusa”. "Pensábamos abrir uno en la Comunidad Valenciana y otro en Andalcuía, lamentablemente se ha retrasado".

Por otro lado, Ortiz se refirió a las iniciativas para adecuar los programas de Instituciones Penitenciarias a esta población y, en concreto, destacó la adaptación del programa contra las agresiones sexuales. Su intención es continuar en esta línea.