Así se manifiestan estas tres entidades, coincidiendo con el hecho de que este viernes la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados aprueba el informe de ponencia de la nueva ley educativa, paso previo para que el proyecto llegue al pleno de la Cámara para su aprobación y envío posterior al Senado.

Eso sí, la Alianza reconoce mejoras en aspectos como la posibilidad de titular al alumnado con adaptaciones curriculares significativas, el reconocimiento del alumnado socioeconómicamente vulnerable y la recomendación a las Administraciones de evitar la segregación.

Pese a estos avances, la Alianza asegura que la ley no hace un abordaje de la educación desde una perspectiva exigente de derechos humanos, “donde la inclusión y la no discriminación sean los pilares en los que se sustente la escuela española”.

Defiende también que se deben cumplir los compromisos con los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por España, “en los que se deja claro que la educación inclusiva es un derecho humano de todas las niñas y los niños sin excepciones”, algo que, según recuerda esta Alianza, “quedó recogido en el último Informe Mundial sobre la Educación elaborado por la Unesco”.

“El principal obstáculo para la educación inclusiva es la creencia de que no es posible ni deseable, pero hay experiencias nacionales e internacionales que funcionan a pleno rendimiento”, afirma la Alianza, que pide que se vea la inclusión “como una oportunidad de país, de mejora colectiva y de convivencia cívica”.

LIBERTAD DE ELECCIÓN

“El texto no ofrece garantías en la libertad de elección de las familias con hijas e hijos con discapacidad para elegir la modalidad educativa, siendo la última palabra la de la administración y que provoca situaciones completamente desgarradoras de madres y padres litigando contra el Estado porque piden escolarizar a sus hijos en el sistema ordinario”, añaden las tres organizaciones.

Según explican, esta cuestión fue motivo de una condena al Estado español, por Naciones Unidas, a raíz de una denuncia individual de una familia de León, a la que se negó que su hijo estudiase en el colegio que ellos querían.

“La ONU dictaminó que España incumplió sus obligaciones respecto al derecho a la educación inclusiva; el respeto al hogar y a la familia; la protección de la integridad personal, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el acceso a la justicia, así como en asegurar que los niños y niñas con discapacidad disfruten de sus derechos humanos”, resaltan las tres entidades.

En este sentido, recuerdan que esta condena por un caso individual aparece también en el informe de Naciones Unidas de 2018 en el que se declaró la vulneración sistemática por el Estado español del derecho a una educación inclusiva para el alumnado con discapacidad. Por ello, insisten en que “la reforma recién aprobada no revierte esta situación de incumplimiento estructural de los mandatos de derechos humanos”.

MECANISMOS CORRECTORES EFECTIVOS

Save the Children, Fundación Secretariado Gitano y Cermi consideran que la libertad de elección de centro es compatible con la equidad. Para ello, piden introducir mecanismos correctores concretos en el proceso de admisión que aseguren una distribución equilibrada del alumnado socioeducativamente vulnerable o con necesidad específica de apoyo educativo, como mínimos y máximos por centro, oficinas de acompañamiento en la escolarización o límites a la matrícula viva.

Aseguran que también es importante dotar a los centros de recursos para desarrollar las medidas de apoyo y acompañamiento adecuadas y suficientes para dar respuestas adaptadas a las necesidades de cada niño o niña.

Desde la Alianza se defiende que la nueva ley debe asegurar la posibilidad real de elegir de todas las familias y hacerla compatible con la inclusión: “Todos los centros educativos deben ser accesibles y asequibles a todas y todos los estudiantes, y en este momento eso no pasa, pues el cobro de cuotas hace de barrera. Hay centros donde se “invita” a las familias a optar por otro centro. Una parte ya lo es, pero es preciso que toda la escuela concertada sea corresponsable y para ello debemos asegurar que recibe los recursos suficientes y adecuados en función de la necesidad del alumnado que escolarice”.

“A cambio, la ley tiene que incorporar medidas más contundentes para garantizar la gratuidad y la no discriminación en la admisión, controlando desde la inspección y endureciendo la sanción”, puntualiza la Alianza.

PLAN DE INCLUSIÓN

Las tres organizaciones subrayan que el Proyecto de Ley incorpora un plan a diez años para avanzar en la inclusión del alumnado con discapacidad. “La Alianza considera necesario un Plan de Inclusión Educativa que vaya más allá de la discapacidad e incorpore a otros colectivos que también sufren segregación y exclusión en el sistema educativo, como alumnado gitano, de origen inmigrante o en situación de pobreza, en línea con la definición internacional de educación inclusiva, con indicadores, presupuesto y participación de la sociedad civil”, sostienen.

Por último, la Alianza apunta que “la ley adolece de garantes para escuchar la opinión de las niñas y los niños reconocidos en tratados internacionales como imperativos legales en España, estipulan que se escuchará y se considerará la opinión de las niñas y los niños, garantizando los apoyos necesarios para que la infancia con discapacidad pueda expresarla en condiciones de igualdad”.

“Todas las niñas y los niños son titulares de todos los derechos humanos, en ese sentido se debe escuchar y considerar su opinión en las cuestiones que les afecten”, concluyen las organizaciones.