La iniciativa ha sido registrada para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales para la Discapacidad del Congreso y busca “actualizar” el Real Decreto 1971/1999 que fija el procedimiento para el reconocimiento, declaración y valoración del grado de discapacidad.

En su exposición de motivos, Ciudadanos defiende que la experiencia acumulada en estos 20 años debería servir para afinar la metodología y lograr que el grado asignado se aproxime lo máximo posible a la realidad de la persona.

“Si bien es cierto que toda la discapacidad no conlleva dependencia, la dependencia, por definición, sí conlleva la existencia de una discapacidad que genera necesidades especiales”, destaca la proposición.

Esta es la razón de que defienda la concesión automática del certificado de discapacidad a todas aquellas personas calificadas en situación de dependencia, en cualquiera de sus grados, así como a aquellas con enfermedades crónicas, autoinmunes o degenerativas desde el momento del diagnóstico, con independencia del estadio en que se encuentren.

También propone la elaboración de un nuevo baremo e insta al Gobierno a estudiar la posibilidad de que sea a partir de un grado del 25% cuando se empiece a hablar de “persona con discapacidad a todos los efectos jurídicos”, frente al 33% de la actualidad.

Esto supondría el acceso a las prestaciones contempladas con carácter general en el ordenamiento jurídico español (descuentos, bonificaciones, etc.) a partir de un grado de discapacidad del 25%. Según distintas entidades del movimiento asociativo, es a partir del 25% cuando las limitaciones por discapacidad empiezan a ser significativas y, en su opinión, la adopción del 33% se debió “más a limitaciones presupuestarias que a la realidad de las personas con discapacidad”.