En un comunicado, ambas entidades pidieron “un plan de financiación que destine fondos a la educación especial y a los centros ordinarios, para que estos mejoren su capacidad de inclusión".

Asimismo, exigieron que el avance hacia una educación inclusiva de los niños y niñas con discapacidad intelectual o del desarrollo sea un proyecto que tenga como “principal foco de atención al propio alumnado”. “Para conseguirlo, los centros de educación especial y los centros ordinarios deberán potenciar su capacidad de ofrecer una educación de calidad de forma coordinada y dando protagonismo a las familias”, indicaron.

Señalaron que las plazas de los centros de educación especial que gestionan las entidades miembro de Plena Inclusión están financiadas con fondos públicos y que requieren de la contribución de las administraciones, por lo que pidieron “un compromiso” al Gobierno para que se permita la complementariedad de los modelos educativos, el sistema de conciertos, la libertad de las familias y se garantice el mantenimiento y la calidad del empleo a los trabajadores del sector.