En su opinión, algunos “han hecho un mal uso de la imagen (de este colectivo)", movidos "por intereses particulares”.

”Pensábamos que habíamos avanzado mucho en cuanto a la conveniencia de difundir una imagen digna y respetuosa de estas personas”, apuntó Galván, que “contribuyese a su consideración social”. “Esto no ha sido así” con el debate de la Lomloe. A su juicio, dicha norma ha generado “polarización” entre los partidarios de la educación ordinaria y quienes dicen defender los centros de educación especial.

“Estábamos acostumbrados a que en las políticas de discapacidad existiese un amplio consenso y se avanzase prácticamente por unanimidad". Sucedió, por ejemplo, con la ilegalización de las esterilizaciones forzosas o con el acceso al voto para las personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.

Sin embargo, el tema de la educación inclusiva “ha venido acompañado de una gran controversia". Por eso, propuso "recurrir al conocimiento científico y a los ejemplos de buenas prácticas que ya existen para avanzar todos juntos". "Sí hay evidencia y conocimiento científico sobre lo que es un mejor modelo de inclusión y deberíamos guiarnos (por ellos)", reclamó.

A su juicio, convendría enfocar el tema desde la perspectiva de que “estamos hablando de un derecho y ningún derecho está asegurado si el sistema no garantiza que se puede ejercer”.

Señaló que esto es lo que sucede actualmente con la educación inclusiva, con lo que “nuestra expectativa es contribuir a su extensión”.

Por ello, "hemos presentado varias enmiendas para que parte de los fondos europeos de recuperación destinados a educación se inviertan de forma específica en generar más inclusión".

DEBATE POLÍTICO

Para la senadora socialista Patricia Abascal, la nueva ley de Educación demuestra “la apuesta de este Gobierno por la generalización de la inclusión educativa”. Establece que “en un plazo de 10 años, el sistema público debe de estar listo para poder atender a todos los alumnos con discapacidad intelectual en los centros ordinarios”, detalló, “y eso no significa, pese a que se haya dicho por activa y por pasiva, que los centros de educación especial vayan a cerrarse”.

Sostuvo que seguirán funcionando para aquellos niños que los necesiten por sus especiales características; para aquellos cuyas familias así lo decidan y, por supuesto, como centros de recursos y de apoyo para el resto del sistema, explicó Abascal.

Con todo, subrayó que el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad “ha advertido en varias ocasiones a España” sobre sus retrasos en educación inclusiva, aspecto que esta ley quiere solucionar.

Los representantes de PP y UPN, Violante Tomás y Alberto Catalán, aseguraron en cambio que esta norma supondrá el cierre de los centros de educación especial y que “atenta contra la libertad de las familias”. Según Tomás, la Lomloe “dispara con bombas de racimo sobre los centros de educación especial" que, "por supuesto, terminarán cerrándose si no se les proporcionan los medios necesarios". “En cuanto lleguemos al Gobierno la vamos a derogar, anunció.

Para Alberto Catalán, “el Ejecutivo ha hecho gala del sectarismo que le caracteriza y ha sacado adelante una ley sin ningún consenso” y con una tramitación parlamentaria de urgencia, “especialmente grave en una situación como la actual” con el coronavirus.

Por su parte, el representante de Ciudadanos, Tomás Marcos, criticó que la nueva ley “nace herida de muerte”, puesto que “ni garantiza la igualdad de oportunidades, ni la generalización de la educación inclusiva”.

La senadora del PNV, Rosa Peral, subrayó a su vez la apuesta de Euskadi por la educación inclusiva y destacó que, de hecho, en toda la Comunidad solo existe un único centro DE educación especial.

“Esto requiere por supuesto un esfuerzo presupuestario considerable que garantice los medios y recursos necesarios”. “En Euskadi, llevamos años apostando por este modelo para conseguir tener al mayor número posible de alumnos con discapacidad y con otro tipo de diversidad en la educación ordinaria”.

Según Tomás Marcos, uno de los problemas de esta ley es la ausencia de “un plan de inclusión educativa debidamente presupuestado”, aspecto que también criticó la representante popular.

"Sí habrá dinero", les respondió Patricia Abascal. Afirmó que la ley sí prevé dotar de profesores, medios materiales y otros recursos a los centros ordinarios y que precisamente para ello ha fijado un plazo de 10 años.