Así lo expresó Rosell, durante su intervención en la mesa redonda ‘Cómo combatir la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad’, organizado por la Fundación Cermi Mujeres (FCM) en colaboración con la agencia Servimedia. El encuentro fue moderado por el director general de dicha agencia de noticias, José Manuel González Huesa.

La delegada del Gobierno indicó que los tratados internacionales “nos compelen a reconocer más tipos de violencia”, de forma que ve necesaria la ampliación de los tipos de violencia, yendo más allá del “marco” de la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004.

En su intervención, calificó de “buena noticia” que la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, que debe ser aprobada por las Cortes Generales, “ponga el foco en la reparación individual y colectiva” porque “cuando una sociedad ha hecho daño a una mujer”, es necesario que se reconozca. En cuanto a la ampliación de medidas de protección sin necesidad de denunciar, indicó que “la denuncia es una puerta demasiado estrecha para muchísimas mujeres y está cerrada para las más vulnerables, como las que están en situación administrativa irregular”.

Rosell repasó también los principales datos de la macroencuesta sobre violencia contra las mujeres presentada recientemente por la Delegación del Gobierno. A su juicio, “los datos de este estudio son bastante tremendos tanto en la violencia en pareja como fuera, y tanto física, sexual como psicológica”. También alertó de que tienen más dificultades para romper la relación con su agresor, sufren en mayor medida secuelas y la violencia es en ocasiones causa de una discapacidad.

Eso sí, Rosell elogió el trabajo de las entidades de mujeres con discapacidad, que tejen una “red con la que estas mujeres cuentan, porque no es que precisamente estén en mejores condiciones para lanzarse al vacío” a la hora de denunciar, algo que sí hacen cada vez en mayor medida.

FIN DE LA IMPUNIDAD DE LOS AGRESORES

Por su parte, Miguel Lorente, médico forense, experto en violencia contra la mujer y patrono de la FCM, apuntó como claves para reforzar la lucha contra la violencia al refuerzo de la atención y la prevención de la violencia, fomentando la “detección activa” y la derivación a los recursos especializados que necesite cada mujer con discapacidad. “Tenemos que adaptar las respuestas a cada circunstancia específica”, aseveró.

Además, Lorente urgió a “acabar con la impunidad de los agresores en la mayoría de situaciones”. En su opinión, “hay temor a las consecuencias de la denuncia y eso retroalimenta al agresor impune”. En esta línea, avisó de que “el machismo intenta que no tengamos recursos para luchar contra la violencia” y, “por eso, ataca las nuevas leyes” que se van impulsando para combatir la desigualdad.

Para el exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, la lucha contra esta lacra es “tarea de toda la sociedad”, pues “la responsabilidad de cada sector es poner su conocimiento al servicio de la situación específica de cada mujer que sufre violencia”.

FALTA DE ACCESIBILIDAD Y CREDIBILIDAD

Asimismo, la presidenta de Cemudis (Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad) y de la Fundación Cermi Mujeres, Marta Valencia, manifestó que “aún queda un largo camino para hacer los recursos accesibles ya que no sólo es importante la accesibilidad física, sino también la visual, la auditiva o la cognitiva”. En este sentido, reclamó la existencia de un itinerario indicado para las mujeres con discapacidad, que las apps sean plenamente accesibles o que en los protocolos existan una serie de apoyos fundamentales”.

De la misma manera, y en relación con la credibilidad, Valencia abogó por la creación de una macroencuesta específica para analizar toda la situación de violencia en mujeres con discapacidad, ya que a su juicio “hay mujeres que no son conscientes de que son víctimas”. Además, aseguró que “existe una falta de credibilidad hacia ellas” y que “es fundamental la labor de profesionales a la hora de visibilizar los diferentes casos”.

Por su parte, la responsable del Área de Igualdad de Género de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), Alba Prado, recalcó que “las mujeres con discapacidad no denuncian porque se encuentran en una situación de desinformación” y “no tienen conocimiento de si los recursos están adaptados a sus necesidades”.

“En este momento el 016 es accesible para mujeres sordas usuarias de lengua de signos gracias a SVisual pero, por ejemplo, el 112 no lo es y las mujeres sordas no saben dónde llamar”, denunció Prado. Además, continuó, “la credibilidad afecta a muchas mujeres y si hablamos de mujeres con discapacidad la duda es aún mayor”.

FORMACIÓN DE PROFESIONALES

Para la vocal de la Asociación Juristas Themis en representación de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Paula Reyes, la detección de los casos de violencia contra las mujeres con discapacidad es fundamental para poder acceder a la justicia. Además, insistió en la “necesidad” de formar a los profesionales, a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que puedan ayudarlas en el proceso de acceso a la justicia y así poder acreditar esa violencia.

También declaró que “es fundamental tanto el asesoramiento jurídico previo como el acompañamiento posterior para garantizar su seguridad y puedan sentirse acompañadas”.

Por último, la secretaria general de Fundación ONCE, Teresa Palahí, centró su intervención en subrayar la relevancia de contribuir a que las mujeres con discapacidad que sufren violencia superen las “barreras físicas, emocionales y económicas”, para lo que señaló que “el empleo y la formación son vitales y decisivos tras un proceso de recuperación”, por lo que llamó a seguir “trabajando en red” entre administraciones y entidades de la discapacidad.

“Leyes las hay y el papel lo sostiene todo, pero lo importante es que las leyes calen, se apliquen y lleguen. Tenemos que llegar a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia y darles respuestas para que salgan de esa situación, zanjó Palahí.