Según informó este martes el Instituto Armado, los arrestados engañaron a agricultores para sembrar la supuesta marihuana medicinal en fincas de las provincias de Madrid, Almería, Granada, Murcia, Ávila y Cáceres.

En este sentido, la Benemérita explicó que últimamente se ha puesto de moda el consumo de cannabis con un bajo contenido en THC (Tetrahidrocannabinol), que es el componente psicótico, y con alto porcentaje de CBD (Cannabidiol), que tiene efecto sedante. Para poder cultivar esta variedad de marihuana se requiere de autorización previa de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, pero sólo está permitido el uso industrial de las semillas y los tallos, pero en ningún caso los cogollos.

Precisamente a los arrestados de la empresa de Villa del Prado se les han intervenido varias toneladas de cogollos de marihuana envasados al vacío y listos para su distribución y 372.000 plantas de cannabis sativa. También disponían de una máquina industrial para la selección de la droga.

COMISIÓN POR CULTIVAR

La investigación se originó el pasado mes de mayo en la localidad madrileña de Villa del Prado, tras tener conocimiento la Guardia Civil de que una empresa se estaba interesando por terrenos en la población y que alegaban la necesidad de agricultores para cultivar marihuana con fines medicinales.

Todas las indagaciones de la Guardia Civil se centraron sobre la empresa y sus fines, lo que permitió averiguar que un representante, un abogado y un experto en abonos se habían reunido con varios agricultores de la localidad para llegar a un acuerdo con ellos e instalar sus plantaciones en el lugar.

De forma paralela, los agentes realizaron consultas a los órganos de la Comunidad Autónoma de Madrid para saber si este tipo de plantaciones cuentan con amparo legal, hecho que quedó descartado, al averiguarse que las plantas que se cultivaban contenían porcentajes de THC, lo que no está permitido.

Las indagaciones sobre el entramado empresarial, con el apoyo y coordinación de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil, permitieron ubicar en Almería, Granada y Murcia otras plantaciones de similares características que estaban a punto para ser recolectadas, descubriendo que también contaban con espacios agrícolas en Ávila y Cáceres.

El entramado empresarial desarticulado contaba con una estructura totalmente piramidal, que encabezaban los tres detenidos. Después había personal experto en la selección y recolección de las plantas y agricultores que ofertaban su terreno y su trabajo a cambio de un importante porcentaje de las ganancias.