Para ello, pretende facilitar el reconocimiento y la convalidación de estudios y de capacitaciones profesionales adquiridos en otros países; garantizar el acceso a los servicios sanitarios e impulsar el acceso a viviendas adecuadas. Prestará especial atención a las segundas generaciones así como a las particularidades de cada persona migrante (sexo, religión, lengua, etc.).

La iniciativa fue presentada por el vicepresidente de la Comisión y responsable de Promoción del Estilo de Vida Europeo, Margaritis Schinas, y la comisaria de Interior, Ylva Johansson, y comprende acciones en el ámbito del empleo, la educación, la sanidad y la vivienda.

Según datos de la Comisión, en la Unión Europea viven 54 millones de personas llegadas de otros países, el 8% de la población total. Sin embargo, existen diferencias entre los países, con un 10% o más de población extranjera en Suecia, Austria o Alemania y menos del 3% en la República Checa, Hungría, Polonia y otros.

Señaló que muchos de los inmigrantes afrontan barreras a la hora de encontrar trabajo (la tasa media de empleo entre la población autóctona de 20 a 64 años en la UE está en el 73,9%, frente al 64,2% en el caso de los inmigrantes).

En cuanto a la educación, un 38,5% de los adultos entre 25 y 64 años de origen migrante tienen una baja formación, el doble que entre los europeos. También sufren el doble de riesgo de pobreza y exclusión social (39% frente al 19,5%).

MEDIDAS

Entre otras acciones, el plan aboga por utilizar los fondos europeos para facilitar a los migrantes una educación y formación a todos los niveles, desde preescolar hasta la enseñanza superior, centrada en el reconocimiento de las cualificaciones y un aprendizaje continuado de los idiomas durante toda esa trayectoria.

Además, pretende mejorar las oportunidades laborales y la convalidación de las competencias profesionales. Según el plan, la Comisión trabajará con empresas y otros actores para promover la integración en el mercado laboral y el apoyo al emprendimiento.

Por otro lado, el programa destaca la necesidad de asegurar a los inmigrantes una asistencia sanitaria que incluya también la salud mental e incide en los déficits de acceso que la actual pandemia ha puesto de manifiesto.

Busca también asegurar que las personas sean informadas de sus derechos y, en particular, reconoce los retos que afrontan las mujeres, sobre todo durante y después del embarazo.

Finalmente, plantea destinar parte del Fondo Europeo de Desarrollo a impulsar el acceso de estos colectivos a viviendas adecuadas, así como la puesta en común de experiencias a nivel local y regional para combatir la discriminación y la segregación en el mercado de la vivienda.

Para llevar este plan a la práctica, se movilizarán fondos europeos y además se crearán asociaciones con todos los implicados (comunidades de acogida, sociedad civil, autoridades locales y regionales, gobiernos...).