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El Congreso pide elevar las subvenciones a los centros especiales de empleo por la subida del SMI

MADRID

El Congreso de los Diputados aprobó este miércoles una proposición no de ley para incrementar las subvenciones a los centros especiales de empleo como consecuencia de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La iniciativa plantea que la administración costee el 70% de los salarios de los trabajadores con discapacidad en estos centros.

La proposición, que fue aprobada con 18 votos a favor, 17 votos en contra y una abstención, fue presentada por el diputado Genís Boadella, del Grupo Plural, que instó al Gobierno a elevar las ayudas a los centros especiales de empleo por el aumento de los costes laborales derivados de la subida del SMI, que se coloca en los 950 euros este año.

“Es lógico y justo que el salario mínimo se incremente, pero se produce un efecto perverso en estos centros porque se incrementan los costes. Por tanto, las subvenciones que había en su momento para paliar esos gastos de inserción laboral se van viendo desfasadas”, defendió este parlamentario en la Comisión de Derechos Sociales de la Cámara Baja.

En un principio, la iniciativa planteaba un incremento del 50% al 60% en la subvención para costear los salarios de los trabajadores con discapacidad de estos centros especiales, aunque la proposición se aprobó con una enmienda del PP que elevó este porcentaje al 70%.

“Alrededor del 60% de los trabajadores de estos centros podrían perder su empleo en el actual escenario de pandemia”, alertó el diputado popular Diego Mavellán. Y es que, añadió, “en el primer semestre del año se ha producido el primer descenso en la contratación de personas con discapacidad desde 2012”.

En España, los centros especiales de empleo dan trabajo a 77.677 personas con discapacidad y cuentan con una serie de ayudas estatales para la inserción laboral de este colectivo vulnerable.

Mertxe Aizpurua, de Bildu, mostró su apoyo a la iniciativa, aunque matizó que las personas con discapacidad “deberían estar en empresas normales y en la Administración cumpliendo su función”, al tiempo que defendió que la filosofía de los centros especiales de empleo debería ser el servir de “nexo” para que “los trabajadores con discapacidad aterricen en empresas ordinarias”.

Sin embargo, dijo la diputada, muchos de estos centros han encontrado “un jugoso negocio” en las personas con discapacidad, cuando “el objetivo debe ser proporcionar a los trabajadores con discapacidad un trabajo productivo y remunerado que facilite su integración en el mercado la laboral, y no que funcionen como empresas productivas”.

Desde Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, reprochó a la diputada de Bildu que “parece que usted piensa que ganar dinero es algo malo, pero es que las empresas están para ganar dinero”. De hecho, dijo que una empresa “puede tener unos fines sociales” y, al mismo tiempo, hacer caja.

“No hay nadie que piense en ganar dinero con un centro especial de empleo; no es lo mismo no ganar dinero que perderlo”, añadió. Asimismo, mostró su voto favorable a la iniciativa porque “debemos ayudar a mitigar los efectos de la pandemia” en los trabajadores con discapacidad.

En cambio, desde el PSOE, la diputada Cristina López defendió que estas subvenciones a los centros especiales de empleo se hagan “de forma proporcional en función del grado de discapacidad” de sus trabajadores, al tiempo que señaló que el Gobierno ya elevó al 55% la ayuda para determinados casos.

En el mismo sentido se expresó la parlamentaria del Grupo de Unidas Podemos Marisa Saavedra, quien dijo que ya “se ha iniciado a un proceso de revisión” para una ayuda “proporcional en función del tipo y grado de discapacidad de los trabajadores de estas empresas, de forma que haya mayores subvenciones para empresas con mayores dificultades”.

Asimismo, defendió que los centros especiales de empleo “deberían ser recursos de transición para la incorporación al mercado de trabajo ordinario” de las personas con discapacidad, por lo que “avanzaremos a una sociedad más justa e inclusiva”.

Por su parte, la diputada Magdalena Nevado, de Vox, mostró su oposición a la subida del Ingreso Mínimo Interprofesional porque “es lo que les faltaba a las empresas”. Y es que, dijo, “ha sido el propio gobierno el que ha puesto a los centros especiales en una situación complicada sin brindarles ningún apoyo”, al tiempo que añadió que “deberían prever una subida mayor (en la ayuda) de la que proponen o pedirle al Gobierno directamente que deje de subir el SMI”.

(SERVIMEDIA)
25 Nov 2020
GIC/gja/

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