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Cocemfe pide una norma estatal que resuelva la "escasa y muy desigual" implantación de la asistencia personal

- Anima a todos los interesados a solicitar el servicio, aunque no esté desarrollado en su comunidad autónoma

- Catorce años después de aprobarse la Ley de la Dependencia

La directora gerente de Cocemfe, Elena Antelo
MADRID

El presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Anxo Queiruga, criticó que "14 años después de la aprobación de la Ley de la Dependencia la figura de la asistencia personal sigue sin haberse desarrollado en muchas comunidades autónomas”, por lo que reclamó “una norma estatal para solucionar una implantación escasa y muy desigual".

Queiruga realizó estas afirmaciones en un encuentro sobre la asistencia personal como herramienta para la prevención de la violencia de género en las mujeres con discapacidad organizado por la agencia de noticias Servimedia, donde representantes de Cocemfe, la Fundación Cermi Mujeres y la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (Cemudis) destacaron la importancia de esta figura “para la independencia y el empoderamiento de las personas con discapacidad”.

Según Queiruga, hay comunidades como Cataluña y Madrid que, 14 años después, siguen con proyectos experimentales. Otras “ni siquiera lo han implantado”, prosiguió, y algunas lo están confundiendo con servicios de atención domiciliaria, explicó Paulo Fontán, promotor del proyecto piloto de asistencia personal en Galicia.

En su opinión, esta comunidad es, junto a la valenciana, la región donde de forma más completa se ha implantado dicha figura. Galicia primero y tiempo después Valencia pusieron en marcha proyectos pilotos y, tras comprobar su éxito, incluyeron esta prestación en su cartera de servicios, de forma “debidamente regulada”.

En el resto aún no se ha dado este paso y existen “grandes diferencias” en cuanto al número de horas al que se tiene derecho (con el mismo grado de dependencia) y las tareas que realizan los asistentes. Por ello, Queiruga exigió una norma estatal que “fije unos mínimos sobre el perfil que han de acreditar estas personas, las tareas que deben realizar, la formación que se les exigirá y los requisitos (edad, grado de dependencia…) que han de cumplir los beneficiarios.

Además, “pedimos una regulación laboral especial que haga compatible la contratación de estos trabajadores (por parte de las entidades prestadoras de servicios) con la flexibilidad suficiente” que este tipo de prestación implica, “garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de todos los derechos de los trabajadores” reconocidos en la legislación española.

La directora gerente de Cocemfe, Elena Antelo, animó a todas las personas dependientes que viven en España a solicitar esta prestación porque “está reconocida en una ley estatal y tienen derecho a ella”. “Conocemos casos de personas a las que su comunidad les denegó este servicio por no tenerlo desarrollado. Les dijeron simplemente que no lo podían pedir. Nosotros hemos acompañado a algunas para reclamar por vía administrativa y, aunque de forma precaria, a todas se les ha reconocido el derecho”, subrayó.

CUESTIÓN DE DERECHOS

En el acto participó también Ana Gameiro, una mujer con discapacidad usuaria del servicio de teleasistencia desde hace 13 años, que accedió a dicha prestación gracias al proyecto piloto de Cocemfe Galicia. “A mí me cambió la vida”, dice feliz Gameiro, pues “me permitió desarrollar mi proyecto vital de la forma en que yo quería”.

A su juicio, “la asistencia personal es una cuestión de derechos y no de privilegios”, puesto que lo que hace es “posibilitar que las personas con discapacidad podamos acceder a derechos universales como la educación, la sanidad, el ocio o la maternidad, por poner algunos ejemplos”. Sin los asistentes personales, “acceder y disfrutar de estos derechos sería muy difícil, casi imposible para nosotros”, explicó. Paulo Fontán abundó en esta idea y destacó que “si hablamos de derechos, el copago debería ser cero”.

Gameiro admitió sentirse “una privilegiada por haber accedido de forma temprana a su asistente personal”. Disfrutó de un proyecto piloto (al que por definición acceden pocas personas) y nunca tuvo que aguardar lista de espera.

“Gracias a ellas (a sus asistentes personales), mis hijos han podido hacer lo que cualquier niño de su edad. Antes, yo me planteaba la maternidad de una manera totalmente distinta", confiesa.

"Pensé que, si tenía un hijo, habría bastantes cosas que ni él ni yo podríamos hacer. Esto no fue así por mi asistente personal. Ellos son mis brazos y mis piernas. Llegan allí donde yo no puedo llegar", aunque señala que es ella “la que decide, la que gestiona y la que toma todas las decisiones”.

"Por ejemplo, disponer de un asistente personal ha hecho posible que cuando mi hijo se ha puesto malo, yo haya podido ir al médico con él, y no un amigo o un familiar. Mi asistente ha conducido, pero el médico lo he gestionado yo. Del mismo modo, es la persona con discapacidad quien decide si su asistente personal debe leerle un libro, transcribir unos papeles, arreglar la casa o acercarle al trabajo, etc", añade.

Además, explica que “cada asistente hará tareas distintas, en función de las necesidades del usuario”. Según Gameiro, “el 'feeling' es algo muy importante en este sentido”, puesto que “pasas muchas horas con él o con ella y se crea un vínculo muy especial”. “En mi caso fue lo más determinante cuando tuve que contratar porque necesitaba una persona activa y dinámica como yo".

NO ES UN CUIDADOR

Por eso, es importante que sea la persona con discapacidad quien elija a su asistente. “Al principio, cuando me presentaba con ella, todo el mundo se pensaba que era mi cuidadora”, recuerda. "Nada más lejos de la realidad. Son mucho más".

Por este motivo, desde el proyecto piloto de asistencia personal de Galicia se ha editado un manual sobre asistencia personal para, “entre otras cosas, aclarar qué es y qué no es un asistente personal”.

"Nuestro objetivo es ofrecer una serie de pautas a administraciones públicas, usuarios y entidades", apuntó Fontán. “Estamos detectando que muchas comunidades regulan esta figura como si se tratase de un servicio de atención domiciliaria con unas poquitas horas más”, lamentó, cuando “son dos prestaciones que no tienen nada que ver, con distinta filosofía”. subrayó que es la propia persona con discapacidad quien elige a su asistente y la que decide qué tareas hará y en qué momentos del día.

Según Elena Antelo, las entidades gestoras de servicios sociales “lo que hacemos es facilitar la contratación y garantizar la necesaria flexibilidad”, como por ejemplo la cobertura de los períodos de vacaciones o las bajas laborales. Así se recoge en la guía práctica recién editada por Cocemfe y dirigida de forma específica a las entidades, donde se detallan los pasos a seguir para la gestión de este servicio.

Sin embargo, el propio beneficiario “asume gran parte de la organización”, recalcó. A su juicio, “muchas administraciones públicas tienen miedo de que implantar esta figura suponga un alto coste y una avalancha de demandantes”.

Hay estudios que demuestran que el coste de una plaza en residencia es mucho mayor y, según “nuestra experiencia en Galicia y la Comunidad Valenciana, tampoco son tantas las personas que requieren un asistente personal”. “No todo el mundo está dispuesto a asumir la responsabilidad y la gestión que esta figura precisa”, insistió.

Por su parte, la vicepresidenta de Cemudis, Mónica Álvarez, subrayó la importancia de disponer de un asistente personal para el empoderamiento de las personas con discapacidad y en especial para las mujeres. Recordó que el 80% de ellas han sufrido algún tipo de violencia relacionada con su género (sexual, psicológica, física, institucional, cultural, económica, obstétrica, etc.) a lo largo de su vida.

Para la presidenta de fundación Cermi Mujeres y secretaria de Organización de Cocemfe, Marta Valencia, contar con un asistente personal ayudaría a prevenir la violencia de género, y exigió el cumplimiento del pacto de Estado de 2018, que ya preveía la creación de asistentes especializados para las víctimas con discapacidad. “Está pendiente, igual que el resto de la asistencia personal", recalcó.

En esta línea, el director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Celada, dijo que es consciente de la doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad, por lo que consideró que el acceso a estos servicios contribuiría a mejorar su posición en el empleo, la educación, el ocio y la participación social, entre otros ámbitos.

Además, reflexionó sobre “la necesidad de evolucionar desde el modelo actual de residencias”, cuyos fallos han quedado en evidencia durante la crisis del coronavirus, “hacia otro modelo basado en la vida en comunidad”. Extender la asistencia personal resulta imprescindible para este objetivo.

(SERVIMEDIA)
28 Nov 2020
AGQ/gja/mjg/

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