De esta manera, no quedará ya “ningún resquicio legal” para permitir espectáculos en los que se realiza una “mofa pública de personas con discapacidad y más en concreto de personas con enanismo”, según informó el gabinete de Pablo Bustinduy en un comunicado.

El real decreto aprobado este martes añade un apartado 4 al artículo 90 del Reglamento de Espectáculos Taurinos con la siguiente redacción: “En todo caso, los espectáculos cómico-taurinos respetarán la dignidad humana, sin que puedan lesionar los derechos de las personas ni someterlas a mofa o denigración pública, en particular, de las minorías sociales, como la de las personas con discapacidad. La Autoridad gubernativa competente no podrá autorizar espectáculos cómico-taurinos que infrinjan este mandato”.

Esta modificación normativa “refuerza”, según el departamento de Bustinduy, las restricciones a estos espectáculos, que ya fueron prohibidos por la Ley General de la Discapacidad y que, además, con la reforma de esta ley, que actualmente está en fase final de tramitación parlamentaria, se va a tipificar estas prácticas como infracciones muy graves con sanciones de entre 600.000 euros y 1 millón de euros.

Junto a estas medidas, el Ministerio de Derechos Sociales ofrece un programa de reinserción laboral para las personas con discapacidad que se han visto obligadas a trabajar en estos espectáculos taurinos y en otro tipo de shows denigrantes que “hacen escarnio público de sus cuerpos”.

Se trata del programa ‘Pisadas con dignidad’, lanzado en 2022 por Derechos Sociales junto a la Fundación ONCE y que ofrece a estas personas apoyo social y formación laboral para que puedan acceder a un trabajo digno y que no sea precario.

AVANCES EN ACCESIBILIDAD

El real decreto aprobado este martes supone, además, un “importante avance”, según el ministerio, para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad ya que supone la creación de la UTAC, una unidad de apoyo y de coordinación que actuará como un órgano especializado para asesorar y controlar a los gobiernos autonómicos en materia de accesibilidad, ya que las administraciones regionales son las competentes de asegurar un correcto cumplimiento de la Directiva Europea de Accesibilidad.

Con este objetivo, la UTAC prestará apoyo técnico y coordinará las comunicaciones entre los gobiernos autonómicos y las instituciones europeas, al tiempo que será un órgano de referencia en este ámbito tanto para la ciudadanía como para los operadores económicos.

De esta manera, el Gobierno culmina el proceso de transposición de la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2019, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios, una norma que genera obligaciones para que las personas con discapacidad puedan acceder y utilizar determinados productos y servicios en condiciones de igualdad.

España se convierte así en uno de los “pocos países” de la Unión Europea en trasponer esta directiva al máximo nivel normativo, a través de una ley. Un paso con el que el Gobierno de España expresa su “compromiso” con el Derecho Comunitario y con la Accesibilidad Universal, ya que la norma impacta en un consumo más inclusivo estableciendo un sistema de control y sanción que garantice los derechos de las personas consumidoras con discapacidad.

DOS AÑOS DEL NUEVO ARTÍCULO 49

En el Consejo de Ministros de este martes se presentó también un informe sobre las actuaciones emprendidas por el Gobierno para el despliegue del nuevo artículo 49 de la Constitución Española, justo ahora que se cumplen dos años de su publicación en el BOE.

Tras puntualizar que es una reforma constitucional que fue la primera con carácter social y que supuso un “importante avance” para “ampliar los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad”, el ministerio explicó que el informe presentado recoge las actuaciones que se han llevado a cabo durante estos dos años para cumplir el mandato del nuevo artículo 49.

Entre esas actuaciones, se incluye el desarrollo integral de la Ley ELA y el aumento de la inversión por parte del Gobierno de España para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y garantizar la financiación de los cuidados que requieren las personas con ELA. También la aprobación de la primera Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados; la prohibición del despido automático por incapacidad laboral permanente; la movilización de 20 millones de euros para reforzar la educación inclusiva y la atención temprana y la aprobación del primer protocolo estatal de atención y comunicación a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia.

Asimismo, el Gobierno subraya que la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad va a permitir “consolidar” el mandato del artículo 49 materializando los cuatro pilares sobre los que se sustenta la reforma constitucional: inclusión, autonomía, accesibilidad universal y atención focalizada en las situaciones de mayor vulnerabilidad que enfrentan mujeres e infancia con discapacidad.

Además, esta reforma permitirá eliminar incompatibilidades entre prestaciones, actualizar la cartera de servicios y reforzar recursos esenciales para la autonomía como asistencia personal y servicios de proximidad y comunitarios.