Así lo avanzó el titular de Consumo en una entrevista concedida a Servimedia y en la que recordó que el proyecto para el desarrollo de esta figura, enmarcado en la modificación del artículo 3 de la actual Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Lgdcu), está en proceso de consulta pública y ha recibido ya aportaciones de “muchas” organizaciones del sector de las personas con discapacidad.

Garzón defendió que se trata de una figura “útil” que se ha utilizado en las comunidades autónomas y por parte del Gobierno central para poder llevar a cabo una “gestión distinta” de determinadas ayudas y prestaciones en beneficio de este colectivo con respecto al resto de población.

No obstante, subrayó que dicha figura jurídica “ha sido muy heterogénea” y que “no ha estado muy claro cuál era su definición”, al tiempo que precisó que lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez trata de hacer ahora es “homogeneizar esa fórmula para que sea mucho más útil”.

“Para que cuando se haga una ley en nuestro país pueda ir acompañada siempre de esa definición, de manera que no tengamos que pelearla continuamente en cada norma”, sentenció.

ESCUDO SOCIAL

El responsable de Consumo reivindicó que esta regulación se complementa con el “escudo social histórico” que el Gobierno está “desplegando” para “proteger a las personas más vulnerables”, entre las que citó a las personas con discapacidad.

Dicho “escudo” incluye “medidas económicas muy diversas”, según Garzón, que insistió en que, “de momento”, su departamento está centrado en “pilotar” la regulación de esta figura jurídica.

En cuanto a sectores económicos, sólo el eléctrico y energético y el financiero consideran las características sociales, el poder adquisitivo y la vulnerabilidad social como criterio en sus relaciones con el usuario.

De este modo, y en el seno de un grupo de coordinación interministerial para abordar el asunto “desde una perspectiva integral”, el objetivo del Ministerio de Consumo es crear un marco regulatorio “común” para sectores como la vivienda, las telecomunicaciones o la alimentación.

Todo ello, con el fin de “garantizar la satisfacción de los derechos sociales, económicos y culturales de todas las personas”.