En un comunicado, Acade aseguró que "no puede entender que se prevea establecer más limitaciones y obstáculos al desarrollo de las privadas en España, que ya están controladas y fiscalizadas por los mismo órganos que las públicas, que a la luz de todos los datos expuestos deberían ser el principal motivo de preocupación del Ministerio de Universidades". Asimismo, reclama que las universidades privadas "deben tener libertad para elegir su modelo, sin imposiciones arbitrarias creadas ad hoc para detener su implantación en España".

Argumentó que la cifra de matriculados en las privadas se ha duplicado en la pasada década, y en el curso 2018-2019, último del que hay cifras oficiales disponibles, registró una subida del 11,8%, pasando de los 253.000 alumnos del año anterior a 283.000.

"Estos crecimientos contrastan con el estancamiento de matriculados en universidades públicas, y con el hecho de que en el curso 2018-2019, siempre según los datos oficiales, quedaron vacantes 25.000 plazas de estudios de grado ofertadas por las universidades públicas, cuya tasa de ocupación no llegó ni al 90%", resaltó la organización, que creee "evidente" que el incremento de alumnos en universidades privadas "no se debe a que no haya suficiente oferta de plazas en las universidades públicas, sino a otros motivos".

Entre ellos, los centros privados a puntan a la tasa de empleablidad de las privadas (14 puntos superior que la de las públicas) y que en las cuestiones que miden la excelencia académica (rendimiento, éxito, evaluación) las universidades privadas aventajan a las públicas con diferencias "muy significativas".

MENOS ABANDONO

Asimismo, Acade subrayó que "es muy inferior la tasa de abandono en las universidades privadas, así como el tiempo medio invertido en obtener la titulación", y que "el porcentaje de alumnos extranjeros en centros privados es del 12%, y solamente del 4% es universidades públicas", entre otros aspectos.

La asociación también recordó que "la inmensa mayoría de las universidades privadas en funcionamiento son de muy reciente creación", acogidas a la Ley que las autorizó en 1993, y que "en muy pocos años" han tenido buenos resultados, de los que "el primer beneficiado" ha sido el Estado.

"Si tuviera que proveer de plaza a cada uno de esos 283.000 alumnos que se pagan ellos mismos (y sus familias) los estudios universitarios, a casi 10.000 euros por alumno y año, tendría que incrementar en más de 2.800 millones de euros el gasto público educativo. Además, las universidades privadas atraen cada año a estudiar en España a 35.000 alumnos extranjeros, con el consiguiente efecto económico sobre nuestro PIB", sentenciaron los centros privados.