La iniciativa, recogida por Servimedia, está firmada por Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, JxCat, PDECat, Más País, CUP, BNG y Compromís, pero su membrete cuenta también con el logo de organizaciones como Ómnium Cultural, Escola Valenciana e Iniciativa por Asturianu, entre otras. Consta de ocho puntos, a los que, por la propia naturaleza de las proposiciones no de ley, en caso de ser aprobada ésta, el Congreso instaría al Gobierno a poner en marcha.

En primer lugar, el Ejecutivo tendría que "iniciar todas las acciones para que las lenguas propias distintas del castellano gocen del mismo reconocimiento y sus hablantes de los mismos derechos y deberes", e "impulsar reformas estatutarias para la oficialidad de las lenguas propias que aún no son oficiales".

Más en concreto, debería "garantizar el deber de conocimiento por parte del funcionariado que preste servicios en territorios con lengua propia", y que "la administración del Estado funcione en las diferentes lenguas". La proposición menciona expresamente las Cortes Generales, los altos tribunales, la Agrencia Tributaria, la Seguridad Social y RTVE, e incluiría "promover la capacitación en lenguas propias del personal de todas las administraciones públicas, incluida la de Justicia" y "su uso generalizado en las páginas oficiales".

Los grupos proponentes instan también a "poner fin a la imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal", que, dicen, afecta especialmente el etiquetado. Por último, sugieren "permitir el uso administrativo de las distintas lenguas entre territorios del mismo espacio lingüístico" y "su reconocimiento a nivel internacional en paridad con el castellano".