Al contrario que la norma anterior, la Ley de Seguridad Privada de 2014 no excluye a las personas con discapacidad del acceso y permanencia en actividades de seguridad privada, como la de vigilantes. Sin embargo, su aplicación precisa que se apruebe su reglamento de desarrollo legal, que seis años después aún no ha sido culminado.

Según el Cermi, que la normativa reglamentaria vigente no actualizada a las previsiones de la Ley de 2014 excluya a las personas con discapacidad de la seguridad privada "constituye una grave discriminación por razón de discapacidad".

Por ello, reclamó a Interior que "abra una ventana de oportunidad a la inclusión laboral de personas con discapacidad, que sufren agudamente la falta de acceso al mercado laboral".

Asimismo, pidió que en la elaboración del citado reglamento se consulte a las organizaciones representativas de la sociedad civil, que "conocen directamente la realidad laboral de las personas con discapacidad, sus necesidades y demandas".