En un comunicado, recordó la celebración de esta cumbre el 13 de diciembre de 2006 y señaló que "catorce años después de su adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y doce desde su entrada en vigor, es la herramienta más ambiciosa y transformadora con que cuentan las personas con discapacidad, a escala mundial, para ver extendidos y realizados sus derechos".

El Cermi recordó que la Convención tiene "carácter de tratado internacional, superior a toda la normativa interna y vinculante para todos los poderes públicos, autoridades y personas privadas" y lamentó que, a estas alturas, "son todavía innumerables en España la leyes, las políticas y las acciones que ignoran o contrarían sus mandatos".

Por ello, la entidad que preside Luis Cayo Pérez Bueno manifestó que "es más necesario que nunca trabajar para la toma de conciencia de sus contenidos y para lograr su completa efectividad", con el propósito de "revertir" aquellas "vulneraciones e incumplimientos" que todavía se producen contra los derechos humanos de las personas con discapacidad.

"Educación no inclusiva, institucionalización, internamientos forzosos, ausencia de entornos universalmente accesibles, mayor exposición a la violencia y los abusos como ocurre con las mujeres con discapacidad, ausencia de apoyos para la vida independiente, vinculación de la eutanasia con las personas con discapacidad, políticas públicas sin diálogo ni consulta con la sociedad civil, son algunas de las quiebras más hirientes de la Convención en nuestro país", dijo sobre los retos pendientes.