En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno, Campo señaló que uno de los objetivos de la iniciativa planteada por su departamento es promover un aumento de la conciliación y el arbitraje, de manera que se reduzca el número de conflictos que llegan a los tribunales.

Indicó que “si se logra que uno de cada cuatro procedimientos civiles termine en un acuerdo entre las partes, el sistema judicial se descargará más de medio millón de procedimientos”. Esto conllevaría, señaló el ministro, “una recanalización de recursos por valor de unos 380 millones de euros al año”, que revertirían en una mejora sustancial del tratamiento de aquellos asuntos que sí lo necesitan.

El titular de Justicia explicó que el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia pretende ser un “nuevo instrumento” integrado en la nueva arquitectura jurídica dentro de la Estrategia Justicia 2030, enmarcado y conectado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Plan de la Unión Europea Next Generation. Además, el anteproyecto pretende dar respuesta a los desafíos surgidos como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.

FRENTE A LA “CONFRONTACIÓN”

El primero de los tres ejes en los que está basado el anteproyecto es el de los medios adecuados de solución de controversias (MASC), una medida que, más allá de la coyuntura de ralentización como consecuencia de la pandemia y la declaración del estado de alarma, se considera imprescindible para la consolidación de un servicio público de Justicia sostenible.

Campo resaltó que “el objetivo de los MASC es recuperar la capacidad negociadora de las partes, con la introducción de mecanismos que rompan la dinámica de la confrontación y la crispación que invade en nuestros tiempos las relaciones sociales”.

En ese sentido, señaló que las diferencias entre los ciudadanos no se “tienen que resolver necesariamente acudiendo a un tribunal de Justicia”, por ello es necesario “acometer mecanismos que nos permitan afrontar estas situaciones de conflicto sin llegar al punto final que son los tribunales”.

Los MASC que podrán utilizar las partes se establecen en un catálogo amplio que favorece la libre elección de los mismos. En ese sentido, se contempla la actividad negocial, la conciliación privada, la oferta vinculante confidencial, la opinión del experto independiente, la mediación, así como cualesquiera otros procedimientos previstos en la legislación especial (particularmente en materia de consumo).

VISTAS TELEMÁTICAS

El segundo eje del anteproyecto se refiere a la reforma de leyes procesales, una iniciativa que afecta a todos los órdenes jurisdiccionales. Con ella se busca garantizar los altos estándares de calidad, optimizar los recursos existentes, agilizar los procesos de forma eficiente y eficaz y reforzar la seguridad jurídica.

Entre otras medidas, se van a potenciar las sentencias orales en determinados procedimientos como medida de agilización que puede usar el juez, de manera voluntaria, en atención a las concretas circunstancias del proceso. Del mismo modo, se amplía el ámbito del juicio verbal, más rápido y ágil que el juicio ordinario y sin pérdida de garantías y se modifica en lo necesario su regulación. Se eleva su cuantía y se introducen nuevos procedimientos que podrán tramitarse por sus reglas.

Finalmente, se modifica de manera muy relevante el recurso de casación civil, dándole después de 20 años desde la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil el tratamiento que reclama su naturaleza de recurso extraordinario.

El último eje clave es el que se refiere la transformación digital. En este eje de reformas, el ministro de Justicia destacó que se “generaliza la celebración de vistas y declaraciones por videoconferencia”. Del mismo modo, se impulsará un “registro electrónico de apoderamientos apud acta”, que permitirá el otorgamiento telemático.