“El fin que persigue esta futura norma de regularización de la eutanasia no debe suponer el coste de la estigmatización, desprotección y discriminación de un grupo social”, advierte este organismo de la ONU en un documento al que ha tenido acceso Servimedia.

En este escrito, en el que traslada sus apreciaciones sobre la proposición de ley tras un requerimiento del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en su condición de mecanismo independiente de seguimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España, Naciones Unidas sostiene que “podría constituir una invitación pública a que las personas con discapacidad, especialmente con discapacidades graves, opten por la terminación de su vida”.

La legalización de la eutanasia en España fue aprobada ayer por el Congreso de los Diputados con la única oposición del PP y Vox, aunque la proposición de ley tendrá que pasar aún por el Senado para añadir o modificar lo que considere.

La proposición de ley explicita que, para aplicar la eutanasia, debe haber un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" o una "enfermedad grave e incurable”. Los pacientes deben ser mayores de edad, estar “en plena capacidad de obrar y decidir” y hacerlo siempre “de forma autónoma, consciente e informada”, además de que su situación les provoque un “sufrimiento insoportable”.

En opinión del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, la definición que hace el texto legal sobre quién puede acceder a la eutanasia supone una “clara evocación a las personas con discapacidad, discriminándolas y estigmatizándolas como vidas de menor valor”.

Y es que “al margen del uso del término imposibilitante, que resulta por sí mismo peyorativo, al definir esa situación se habla con toda claridad de circunstancias que generan una discapacidad, concretamente de limitaciones en la autonomía física, las actividades de la vida diaria y la capacidad de expresión y relación, haciendo referencia incluso a que la persona no pueda valerse por sí misma”, afea Naciones Unidas.

Este organismo internacional se muestra bastante crítico con la proposición de ley y señala que España, de aprobarla definitivamente en sus términos, está trasladando “un mensaje a la sociedad de que una situación de discapacidad sirve como supuesto, en una ley del siglo XXI, para poner fin a la vida, y promover y reforzar el estereotipo según el cual la vida de las personas con discapacidad tiene menos valor o menos calidad”.

Además, esto implicará, añade en sus consideraciones, “el peligro de ser asimilado por las propias personas con discapacidad como consecuencia de la presión social, en una clara forma de opresión interiorizada”.

El organismo asegura haber realizado “una revisión exhaustiva” del texto de la ley después de haber recomendado a España que “vele por que no existan disposiciones que permitan la eutanasia por motivos de discapacidad, ya que tales disposiciones contribuyen a la estigmatización de la discapacidad, lo cual puede propiciar la discriminación”.