Según informa la CNMC, con esta campaña se podría quebrar la ley de competencia con la finalidad de que los consumidores y las empresas se abstuvieran de comprar productos o servicios ofrecidos por determinadas compañías.

Para la CNMC, como las razones de esta campaña se fundamentan en motivos ajenos a la competencia basada en los propios méritos, podría distorsionar de manera significativa el comportamiento económico de los consumidores y la estructura competitiva del mercado.

La CNMC ha iniciado la investigación tras la denuncia presentada por Fomento del Trabajo Nacional, la principal patronal empresarial en Cataluña, y después de que el Tribunal Constitucional determinase que la CNMC es el organismo competente para resolverla.

Previamente, se produjo un conflicto de atribución de competencias sustanciado entre la CNMC y la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) y que fue resuelto por la Junta Consultiva en materia de conflictos.

La apertura del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para su instrucción y resolución por parte de la CNMC.