La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, expuso en la rueda de prensa posterior el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con esta norma se modifican los cauces administrativos y legislativos, y se marca la gobernanza para la recepción de fondos europeos, ante la gestión de 140.000 millones de euros.

Según insistió Calvo, estos cambios no afectarán al “rigor” en la contratación, sino que permitirán “acortar tiempo” y buscar fórmulas “más agiles” para la recepción de estas subvenciones, siempre “sin perder ningún tipo de rigor”, defendió.

Fuentes de la Moncloa destacaron que España se convierte en el primer país europeo que adapta la legislación para la absorción ingente de fondos de la UE ante la pandemia. De hecho, esta reforma, que implica “muchas modificaciones” de la legislación administrativa actual, se extenderá a partir de ahora para “todos” los fondos europeos, ya sean del mecanismo de resiliencia, o los fondos Feder, el Fondo Social, etc.

Este real decreto será publicado el 31 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado dentro del paquete normativo asociado al proyecto de Presupuesto Generales del Estado -que también se publicará en el BOE ese día- y en el que también habrá dos modificaciones de estructuras ministeriales.

Por un lado, se cambia el organigrama del Ministerio de Hacienda para reforzar la Dirección General de Fondos Europeos, que encabeza Mercedes Caballero; y el del Ministerio de Presidencia del Gobierno, para crear la Unidad de Seguimiento del desarrollo de los fondos.

Estas decisiones, junto con el refuerzo de departamentos en cada uno de los 22 ministerios, supondrá un refuerzo y movilidad de funcionarios.

En el decreto aprobado se crea una Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, que presidirá el presidente del Gobierno y de la que formarán parte todos los ministerios.

Así, mismo, se crea un Comité Técnico que dará apoyo a esta Comisión y a la Autoridad Responsable del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, que residirá en el Ministerio de Hacienda, que es el órgano central y quien mantiene la interlocución con la Comisión Europea.

Fuentes de La Moncloa explican que la Comisión es el órgano “político” que va a dar las directrices políticas del plan, y que, mediante la unidad de seguimiento, para dar información en “tiempo real” al presidente Sánchez sobre el “día a día” de los fondos. Esto es el ámbito político, apunta, mientras que “la gestión” de los fondos está en Hacienda. “Está y estará en Hacienda, y en Hacienda continuará”, apostillan tras las disputas internas en el Ejecutivo sobre el control de estos fondos.

Con esta modernización de la Administración, el Ejecutivo busca agilizar los trámites y, aunque habrá una reducción de tiempos, “no modifica la columna de una actuación administrativa”. No obstante, no existirá una 'ventanilla única' sino que habrá que dirigirse a cada departamento.

La norma recoge una nueva figura de colaboración público-privada denominada Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), que se anuncian como clave para la ejecución de los distintos proyectos tractores contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.