Tras la aprobación de unos Presupuestos que tienen un techo de gasto no financiero, incluidos los fondos europeos, de 194.456 millones de euros -un incremento de aproximadamente el 53% respecto al ejercicio anterior-, uno de los principales retos del departamento encabezado por María Jesús Montero será reconducir los elevados niveles de déficit y deuda ocasionados por la crisis del coronavirus hacia la senda de sostenibilidad y estabilidad que pedirá Bruselas una vez vuelvan a aplicarse las reglas fiscales.

DÉFICIT

Dichas reglas, fueron suspendidas tanto para 2020 como para 2021 por la Comisión Europea y el Gobierno, acogiéndose a las cláusulas que permiten el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en situaciones extraordinarias, como la originada por la pandemia de Covid-19, con el objetivo de permitir a los estados miembro de la UE hacer frente a la crisis sanitaria y económica.

Cabe recordar que antes de la pandemia España cerró el ejercicio 2019 con un déficit del 2,82% y una ratio de deuda sobre PIB del 95,5%, mientras que, tras la pandemia, el Ejecutivo prevé en su cuadro macroeconómico que el déficit cierre 2020 en el 11,3% y que en 2021 baje al 7,7%, mientras que la previsión sobre la deuda es que se sitúe en el 118,8% al cierre de 2020 y baje al 117,4% en 2021.

En este contexto libre de reglas fiscales, Hacienda recomendó a las comunidades autónomas en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrado en octubre, un déficit orientativo del 2,2% del PIB en 2021, del que la mitad, 1,1 puntos, será asumido por la administración central a través de una transferencia extraordinaria de 13.486 millones de euros.

En cualquier caso, aunque Hacienda considera un logro la respuesta de Bruselas a la crisis permitiendo la suspensión de las reglas fiscales, Montero ha resaltado en diversas ocasiones que “esta suspensión de las reglas fiscales no significa en ningún caso la suspensión de responsabilidad fiscal de los gobiernos autonómicos, locales o del Ejecutivo de España”, y, en este sentido, ha destacado que ya en 2021 España reducirá su déficit, iniciando una senda de reducción que deberá seguir en los siguientes ejercicios.

REFORMA FISCAL

Para lograr un mayor equilibrio entre ingresos y gastos, el Gobierno afrontará también la tarea de realizar ajustes fiscales que figuraban en el acuerdo programático firmado por PSOE y Unidas Podemos y que han quedado fuera de los Presupuestos de 2021, quedando aplazados, según palabras de la ministra de Hacienda, a cuando el fin de la crisis y la evolución positiva de la economía recomienden su implantación.

A este respecto, las cuentas de 2021 incluyen subidas impositivas a las rentas altas mediante un aumento de tres puntos en el IRPF de las rentas de capital superiores a 200.000 euros anuales y un incremento de dos puntos en el IRPF de las rentas del trabajo de más de 300.000 euros anuales, así como la instauración de forma permanente del Impuesto de Patrimonio -desde 2011 era necesario prorrogar su vigencia año a año-, que eleva en un punto el tipo aplicable a partir de los 10 millones de euros de patrimonio, pasando del 2,5% al 3,5%.

Además, los Presupuestos de 2021 también reducen las exenciones fiscales a los planes de pensiones individuales y aumenta las de los planes de empresa; limitan al 95% la exención sobre dividendos y plusvalías en filiales en el Impuesto de Sociedades; e incrementan del 6% al 8% el impuesto a las primas de seguro, sin modificaciones desde 1998. Además, a mediados de enero entrarán en vigor dos nuevos impuestos, el de las transacciones financieras, conocido como 'tasa Tobin'; y el impuesto sobre determinados servicios digitales -'tasa Google'-.

Asimismo, está previsto que durante 2021 se produzca la tramitación parlamentaria del impuesto sobre envases de plástico de un solo uso; el impuesto sobre residuos; y la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude.

Sin embargo, quedan en el aire el resto de medidas que el Gobierno de coalición firmó en su acuerdo programático y que en gran parte ya estaban contempladas en el proyecto de Presupuestos fallido de 2019, como la creación de nuevos tramos y subida impositiva a las rentas altas en el IRPF; establecer un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades; y reducir la bonificación fiscal de la que goza el diésel respecto a la gasolina, medida incluida inicialmente en los Presupuestos de 2021 pero cuya retirada fue acordada con el PNV durante la tramitación parlamentaria del proyecto.

En este sentido, además, tal y como indicó el Ministerio de Hacienda esta semana en su rendición de cuentas sobre su actividad en el año 2020, “también está previsto que durante 2021 se ponga en marcha un grupo de trabajo para una reforma en profundidad del sistema fiscal con el objetivo de hacerlo más progresivo para que aporte más, quién más tiene”.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y ARMONIZACIÓN

Por otra parte, otra tarea pendiente que el Ministerio de Hacienda arrastra cada año desde los tiempos de Cristóbal Montoro en los gobiernos de Mariano Rajoy es la reforma del sistema de financiación autonómica, ya que el modelo vigente actualmente fue implantado en 2009 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con una previsión de vigencia de cinco años, por lo que se considera caducado desde 2014, pero no ha sido reformulado. Desde entonces, numerosas comunidades autónomas, gobernadas tanto por el PSOE como por el PP, han reclamado uno nuevo al considerar que el actual las mantiene infrafinanciadas.

Por ello, la reforma del sistema de financiación fue uno de los principales compromisos que resultaron de la Conferencia de Presidentes autonómicos celebrada en el Senado en enero de 2017. En concreto, entonces se fijó como objetivo reformar el sistema a lo largo de 2017, pero entonces el Ejecutivo del PP se escudó en la situación política vivida en Cataluña y la ausencia de la Generalitat en las distintas reuniones del CPFF para justificar el incumplimiento de dicho compromiso.

Como resultado del acuerdo de la Conferencia de Presidentes, en febrero de 2017 el Consejo de Ministros creó una Comisión de Expertos, integrada por profesionales propuestos por el Estado y por cada autonomía, que elaboró un informe con propuestas para la reforma del sistema. Posteriormente, en noviembre de ese mismo año se constituyó el Comité Técnico Permanente de Evaluación del CPFF, en el que Cataluña decidió no participar, y que realizó un nuevo informe con las propuestas presentadas por cada comunidad.

Ya en 2018, el todavía Gobierno popular mostró su intención de avanzar para que el trabajo técnico de los expertos diera paso al trabajo político entre las comunidades autónomas y el Estado, una voluntad que se mantuvo con el cambio de Ejecutivo producido en junio de dicho año, cuando la moción de censura contra Mariano Rajoy dio paso al Gobierno socialista de Pedro Sánchez, quien estando en la oposición había reclamado la reforma del sistema.

Sin embargo, una vez investido presidente, Sánchez argumentó carecer de tiempo en lo que quedaba de legislatura para abordar la reforma, posponiéndola a después de las siguientes elecciones generales, algo que finalmente no ocurrió ni en 2019, debido al bloqueo político que ese año mantuvo gran parte del año al Gobierno en funciones y que dio lugar a una repetición electoral, ni en 2020, debido a la irrupción de la crisis del Covid-19.

Por último, en el marco tanto de la reforma del sistema de financiación autonómica como de la reforma fiscal, uno de los principales debates será el de la armonización de impuestos como el de Sucesiones o Patrimonio, de titularidad estatal pero cuya gestión está cedida a las comunidades autónomas, que en los últimos años han dado lugar a que algunas comunidades autónomas critiquen que comunidades como Madrid practican competencia a la baja o ‘dumping fiscal’ al bonificar prácticamente la totalidad de estos impuestos, eliminándolos de facto.

La armonización ya fue objeto de debate en la mencionada Conferencia de Presidentes de 2017 y, desde que accedió a la cartera de Hacienda en junio de 2018, Montero había abogado por ella, creando unos rangos de tipos mínimos y máximos de los que las comunidades no puedan salirse.

Sin embargo, tras no acometerse en estos años, la medida volvió al primer plano político cuando el pasado mes de noviembre el pacto entre el Gobierno y ERC para que la formación catalana apoyara los Presupuestos de 2021 incluía un punto para la creación de un grupo de trabajo que estudie la armonización de estos impuestos, dando lugar a las críticas del PP y, especialmente, de sus dirigentes en Madrid, como preludio de la batalla política que esta medida puede originar.