Las plazas de financiación pública representan el 62% de las 389.031 plazas residenciales para personas mayores que hay en España, según datos del Imserso distribuidos por la asociación de directores y gerentes de Servicios Sociales. En total hay 1.435 centros públicos y 4.107 privados.

La Comunidad con mayor porcentaje de plazas públicas es País Vasco, con el 74%, mientras que Galicia es la que menos plazas públicas ofrecen con sólo el 41%. Aragón y la Comunidad Valenciana son las que más han aumentado el número de plazas residenciales de financiación pública; en concreto, Aragón las aumenta más de un 100% y la Comunidad Valenciana, en un 30%.

El índice de cobertura de plazas por personas mayores de 65 años en España es de un 4,2% y la comunidad con mayor índice de cobertura es Castilla y León, con un 7,8%; la que menos es la Murcia, con un 2,3%. La Organización Mundial de la Salud marca un mínimo de cinco plazas por cada cien personas mayores, algo que sólo cumplen cinco regiones españolas.

Según la asociación de directores de servicios sociales, siguen faltando más de 70.000 plazas residenciales en España para llegar al mínimo marcado por la organización internacional. Y es que, mientras que desde 2010 el número de personas mayores de 65 años se ha incrementado en 1.119.907, las plazas residenciales sólo se han incrementado en 20.226.

“El número de plazas residenciales para personas mayores en España no se ha incrementado al ritmo que exige el crecimiento de la población mayor de 65 años, que ha pasado de ocho millones de personas en 2010 a 9,2 millones en 2020”, denunció la asociación.

Los principales déficits de plazas residenciales para alcanzar al menos la ratio de cinco plazas por cada 100 mayores de 65 años se encuentran en Andalucía (28.457), Comunidad de Valencia (21.900), Galicia (14.902), Cataluña (9.045), Comunidad de Madrid (8.283), Canarias (7.574), Región de Murcia (6.502) y País Vasco (6.074).

El precio público por usuario es de 20.686 euros al año y el de la concertación es de 19.324. La aportación promedio de cada persona es del 36% y 40%, respectivamente.

Las residencias públicas más baratas cuestan alrededor de 7.000 euros anuales y están en regiones como la Comunidad Valenciana, La Rioja, Andalucía, Madrid o Cataluña. Sin embargo, en Navarra o País Vasco hay cuantías que superan los 10.000 y los 11.000 euros, respectivamente. “Vale la pena recordar que la pensión media en España no alcanza los mil euros mensuales”, señalaron desde la asociación.