Lanzado recientemente, el documento fue aprobado por la Junta Directiva de Plena inclusión en diciembre, e incorpora una batería de argumentos para exigir a los poderes públicos que definan e incluyan la accesibilidad cognitiva en esa Ley, con el fin de que pueda reconocerse como un derecho de todas las personas y se pueda desarrollar su implantación social.

El pasado mes de junio, el Senado admitió a trámite la reforma de la Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para incluir esta mención, pero los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos han presentado enmiendas en contra. Por ello, Plena inclusión cree necesario destacar la necesidad de esta reforma.

Ese Posicionamiento aclara que la accesibilidad cognitiva no solo beneficia a 268.633 personas con discapacidad intelectual en España, sino también a 481.544 personas con problemas de salud mental y a 8.657.705 personas mayores. A todas ellas hay que sumar personas con trastornos del espectro de autismo, con dificultades para leer o con escasos conocimientos del idioma, apuntó. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 3 personas en el mundo podrían beneficiarse de esta accesibilidad.

En ese documento, Plena inclusión reclama el uso de la accesibilidad cognitiva como un derecho universal que permite el acceso y disfrute de muchos otros, como el de la educación, la salud, el empleo, la cultura o el ocio, que a su vez son básicos para el desarrollo vital de cualquier persona en nuestra sociedad.

Destaca que esto solo puede hacerse “reconociendo específicamente la accesibilidad cognitiva por Ley, lo que permitiría que se conozca, se explique cómo cumplirla, se pueda evaluar su grado de desarrollo, se pueda exigir su cumplimiento en determinadas condiciones, se aseguren los recursos necesarios para su implantación y existan formas para denunciar su incumplimiento”.

Finalmente, el Posicionamiento solicita una financiación adecuada que permita la adopción de medidas públicas de accesibilidad cognitiva; más investigación en sistemas y metodologías relacionadas en este terreno; formación reglada sobre accesibilidad, y más campañas de sensibilización social.

Como ámbitos de actuación más urgentes, señala la información de interés público; la información administrativa (trámites, etc.); la participación en el proceso electoral; la cultura y la tecnología; la orientación y prevención sanitaria; los apoyos educativos; el empleo público, y la adaptación de puestos de trabajo.