Así lo indicó el presidente de la confederación, Rafael Jorreto Lloves, durante la jornada de sensibilización sobre el Asperger, en el marco del Día Internacional del Síndrome de Asperger, que se conmemora el 18 de febrero.

Rafael Jorreto Lloves, aseguró que representa “a más de cinco mil familias” y defendió la necesidad de visibilizar una realidad que, a su juicio, “no está suficientemente contemplada” en las políticas públicas de discapacidad. “Cuando se legisla sobre discapacidad se piensa en la sensorial, física o intelectual, pero no en las dificultades de las personas con un procesamiento diferente, divergente”, afirmó.

Jorreto subrayó que las personas con síndrome de Asperger no presentan discapacidad intelectual, lo que en muchos casos las deja “fuera de determinados sistemas de protección”, pese a que, según sostuvo, “afrontan una discapacidad de tipo psicosocial derivada de sus dificultades persistentes” en el ámbito social y sensorial. “Aquello que no se ve y no se entiende es algo que no existe”, advirtió, tras insistir en que el colectivo sufre con frecuencia “incomprensión, acoso escolar, dificultades de acceso al empleo y especial vulnerabilidad al engaño”.

En este sentido, alertó de que siete de cada diez estudiantes con Asperger “sufren acoso escolar” y lamentó que, diez años después de la aprobación de la estrategia española en autismo, “no se hayan producido avances legislativos específicos” para las personas con Asperger sin discapacidad intelectual, especialmente en materia de empleo.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, destacó que hablar de Asperger es hablar “de derechos, igualdad de oportunidades y dignidad” y defendió la necesidad de “construir una sociedad verdaderamente inclusiva”.

Armengol reconoció la pertinencia de la reivindicación de la Confederación Asperger España y señaló que desde las instituciones “deben impulsarse políticas públicas transversales que integren la perspectiva de la discapacidad psicosocial, fomenten ajustes razonables en los entornos educativos y laborales y promuevan la autonomía personal y la participación social”.

DIAGNÓSTICO E INTERPRETACIÓN CLÍNICA

Durante la jornada, la psiquiatra Rafaela Caballero advirtió de que los cambios terminológicos en los manuales diagnósticos, que integran el Asperger dentro del trastorno del espectro del autismo (TEA) nivel 1, pueden generar “interpretaciones erróneas si no se aplican con criterio clínico especializado”.

Según explicó, aunque estas personas suelen presentar un lenguaje formalmente adecuado, mantienen a lo largo de su vida “dificultades significativas en la interacción social y una especial vulnerabilidad sensorial” que condiciona su desarrollo personal, educativo y laboral.

Por su parte, la vicepresidenta de la confederación y presidenta de Asperger Cataluña, Pilar Pérez Bautista, denunció el problema del “diagnóstico tardío” y la negativa en muchos casos al reconocimiento de un grado mínimo del 33% de discapacidad “por parecer demasiado normales”. A su juicio, el infradiagnóstico provoca trayectorias vitales marcadas por el fracaso escolar, abusos y patologización psiquiátrica. “Si el diagnóstico falla, todas las políticas públicas fallan”, afirmó.

En representación de las familias, la presidenta de la Asociación Luciérnaga de Asperger Navarra, Eva Garraza, reclamó una red pública de apoyo. Señaló que las familias actúan como “principal sostén y red de socialización”, a menudo a costa de reducir jornadas laborales y reorganizar su vida personal. “No luchamos por la inclusión, luchamos por la integración, para que se nos permita contar con apoyos”, concluyó.

La Confederación Asperger España insistió en que su principal demanda no es económica, sino “legislativa y social”: avanzar en sensibilidad, reconocimiento y derechos para un colectivo que, pese a su aparente invisibilidad, “afronta importantes barreras a lo largo de toda su vida”.