De este modo, dicho proyecto de ley será sometido a debate y votación en el propio Pleno de la Cámara Baja y no en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, donde se ha ampliado el periodo de enmiendas al articulado hasta el día 18.

El texto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de julio en segunda vuelta a instancias del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que pretende dar luz verde a la reforma antes de verano, incluye nuevos servicios en el catálogo, como cuidados y apoyos en viviendas compartidas y también nuevos modelos de convivencia colaborativa.

Además, se servirán, mediante préstamo o cesión temporal, productos de apoyo que mejoren la autonomía y se ofrecerán servicios de asistencia personal para aquellas personas que lo deseen y tengan mayores necesidades de apoyo.

Asimismo, otra novedad incorporada ha sido el reconocimiento de la extensión de la prestación económica para cuidados familiares hasta el último día del mes en el que se produzca el deceso de la persona dependiente y se amplía la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, dando reconocimiento a los que prestan las personas allegadas.

El nuevo texto de este proyecto de ley introduce la posibilidad de que una persona en situación de dependencia en grado II o III pueda recibir una prestación transitoria o un servicio transitorio que “se adapte a su voluntad, deseos y circunstancias cuando no pueda acceder de inmediato al recurso que ha solicitado y que le corresponde por grado”, según el ministerio.

AYUDA A DOMICILIO

Esta reforma legislativa incluye también una extensión del servicio de ayuda en el domicilio a actuaciones que van más allá del ámbito doméstico y de las necesidades de cuidado personal que tenga la persona usuaria. Para ello se ofrece la posibilidad de que la persona cuidadora pueda acompañarla en otras actividades dentro de su entorno comunitario.

En la misma línea, la reforma también incluye la asistencia personal como un servicio más del sistema y reconoce la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia, al tiempo que se eleva a rango de ley su carácter complementario y se amplía su ámbito de aplicación más allá del domicilio.

Otra novedad que incluye el texto remitido por el Gobierno a las Cortes es la consideración de los centros de día como un servicio de proximidad fundamental para la permanencia de las personas en su domicilio. Esto supondrá que estos centros se abrirán para prestar apoyos también fuera de sus instalaciones.

NUEVOS DERECHOS

Las personas en situación de dependencia tendrán derecho a decidir sobre las prestaciones y los servicios que reciban y tendrán garantizado su derecho a permanecer en el entorno elegido o a recibir una atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas.

Según informó en su día el ministerio, otro derecho importante que recoge esta reforma es el de garantizar una atención sanitaria a personas en situación de dependencia sea cual sea el lugar en el que viva, incluyendo las residencias y en ella se establecerán las bases para que los gobiernos autonómicos implementen procedimientos de coordinación entre sus servicios sanitarios y sociales.

EMPLEO

Otra de las novedades que incorpora el proyecto de ley ha sido la incorporación de un artículo específico sobre la calidad en los empleos de los cuidados y la reforma de las leyes también contiene medidas destinadas a agilizar y acelerar los procesos administrativos vinculados a la dependencia y la discapacidad, como el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I en el Sistema de la Dependencia, la facilitación para que las personas que obtengan un grado II o III de dependencia tengan una pasarela para ser reconocidas con el 65% de discapacidad o la posibilidad de solicitar una valoración individualizada de la discapacidad para obtener un grado de discapacidad superior al previsto automáticamente en estas pasarelas.

También se establece un procedimiento de urgencia para que las personas en situación de especial vulnerabilidad puedan acceder a los servicios y prestaciones con mayor prontitud y se recoge que el tiempo de espera será el segundo criterio de prioridad en el acceso a servicios del SAAD tras el criterio de capacidad económica.

Según el ministerio, la reforma del SAAD incorpora una “novedad clave” para avanzar en la autonomía de las personas con discapacidad y fomentar su inserción laboral, como es el hecho de que a partir de ahora es posible compatibilizar el acceso al empleo con los servicios y prestaciones del sistema.

DISCAPACIDAD

En el ámbito de la discapacidad, la nueva ley estipula la accesibilidad universal como reivindicable ante cualquier instancia y para ello se creará un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal que financiará las intervenciones que sean necesarias.

El proyecto incluye, además, una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las administraciones competentes a ofrecer ayudas económicas para realizar obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para obligar también a la comunidad de vecinos de cada edificio a solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita. El nuevo texto facilitará los requisitos para acceder a estas ayudas, rebajando del 75% al 70% el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad de vecinos y determina la obligación de garantizar la accesibilidad en el patrimonio histórico y cultural.

De otro lado, la ley establece un marco común para garantizar la calidad en los centros y servicios del SAAD, busca fomentar la innovación social y tecnológica bajo el liderazgo del Imserso para desarrollar nuevas herramientas y programas tecnológicos y establece el compromiso de crear el Centro Estatal de Competencias de Innovación Social en el plazo de 12 meses.

El desarrollo de la IA también se vigilará para eliminar sesgos discriminatorios que puedan afectar a las personas con discapacidad, a las que también se designará como grupo social de interés preferente para el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.