Fuentes parlamentarias confirmaron a Servimedia esta decisión de la Mesa del Congreso, que el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, criticó vía Twitter. A su juicio, el PSOE, el PP y Vox actúan “sin ningún argumento jurídico que lo justifique, ya que los letrados nos dan la razón”.

“Me informan de que la Mesa del Congreso acaba de rechazar investigar las ‘tarjetas black’ de la familia real con los votos del PSOE, PP y Vox”, censuró Echenique. “Nuestra iniciativa es 100% constitucional”, defendió.

A este respecto también se pronunció el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Jaume Asens, para replicar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que “seguir el criterio de los letrados del Congreso no es degradar las instituciones”.

“Lo que las degrada es blindar su corrupción, impunidad y opacidad”, sostuvo Asens después de que Robles rechazase esta mañana investigar al Rey emérito ante el riesgo de “cuestionar nuestras instituciones”.

El rechazo de la Mesa del Congreso a esta iniciativa de Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Más País, CUP, BNG y Compromís se produce después de que los letrados del Congreso de los Diputados avalasen "admitir a trámite y trasladar a la Junta de Portavoces, para su eventual inclusión en el orden del día de una próxima sesión plenaria", esta petición de crear una comisión de investigación sobre el presunto uso de tarjetas opacas por parte del Rey emérito.

La propuesta de los letrados, a la que tuvo acceso Servimedia, avalaba la admisión a trámite de esa iniciativa, y puntualizaba que son las propias comisiones de investigación las que elaboran su propio plan de trabajo "y pueden decidir sobre la celebración de comparecencias sin que quepa predeterminar cómo han de acordarse aquéllas".

Lo precisan por la pretensión de los impulsores de la iniciativa de llamar a comparecer a quien "pueda resultar, por las informaciones conocidas, política, penal, civil, o administrativamente responsable de las prácticas" cuya investigación constituye el objeto de la comisión". Según el Reglamento del Congreso, apuntan, son las comisiones las que elaboran su propio plan de trabajo "y pueden requerir a presencia de cualquier persona para ser oída".

A pesar de ese aval de los letrados, la Mesa del Congreso, en su reunión de este miércoles, rechazó la admisión a trámite de esa iniciativa por el voto en contra de una mayoría que incluyó a los representantes del PSOE, según confirmaron fuentes parlamentarias a Servimedia.

El portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique, se quejó ya ayer, martes, de que el PSOE esgrimiera “que el Congreso no puede controlar al Rey” justo “ahora que los letrados nos avalan” para poder llegar a poner en marcha esa comisión.

El argumento del PSOE para oponerse a esa toma en consideración es que no hay encaje en el ordenamiento jurídico para que una institución investigue a otra, en este caso el Parlamento a la Jefatura del Estado. Desde el partido liderado por Pedro Sánchez también señalan que hay sentencias del Tribunal Constitucional que avalan que el Congreso no tiene competencias para investigar a quien fue jefe del Estado.

Fue el pasado 17 de diciembre cuando Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Más País, CUP, BNG y Compromís registraron de nuevo una solicitud para crear una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre el uso de tarjetas opacas por el Rey emérito, después de que la Mesa rechazara una petición casi idéntica poco antes.

La iniciativa defendía que, más allá de la vía judicial, estos hechos son de "interés público", motivo que recalcaron que justificaba la creación de comisiones de investigación.

Además, en esta petición, los partidos proponentes de la comisión citaban que la Ley de 2014 que complementó la Ley del Poder Judicial estableció que los actos amparados por la inviolabilidad del monarca son "todos los actos realizados por el Rey o la Reina durante el tiempo en que ostentara la jefatura del Estado", mientras que "los que realizare después de haber abdicado quedarán sometidos, en su caso, al control jurisdiccional", si bien emplazaba a que "se precisa establecer su regulación en la Ley Orgánica del Poder Judicial".