En su oferta a los ciudadanos para el próximo 14 de marzo, la coalición liderada por Gaspar Llamazares expone una serie de propuestas que "no atentan contra la cohesión del territorio, sino que la fortalecen".

Argumenta que "España no ha sido nunca un Estado unitario, salvo en periodos dictatoriales. Por ello, sin maximalismos ni estridencias, pensamos que España debe situarse en la lógica federal, que es la lógica europea".

En este sentido, respalda lareforma de los estatutos de autonomía según los cauces legales establecidos para ello, y un "desarrollo federalizante de la Constitución que garantice las cotas más elevadas de autogobierno y participación democrática".

Añade que en el caso de Euskadi y Cataluña, donde se inician los procesos de reforma estatutaria, IU mantiene su propueata federal y solidaria frente a "propuestas excluyentes de los sectores nacionalistas".

CONDICIONES A LAS REFORMAS

La propuesta de IU garantiza que las consults sobre las reformas se realizarán tras "un cese definitivo de la violencia", y con un "apoyo social aún más alto que el que suscitaron los textos vigentes".

Este proceso debe partir de un diálogo y acuerdo político "claramente mayoritario", respetando los mecanismos fijados por la Constitución y sin que el Gobierno central obstaculice la volunta del Parlamento que solicite estos cambios.

Las propuestas para hacer realidad este "desarrollo federal" pasan por la transferencia efectiva de las compeencias pendientes, y por aumentarlas, reformar las leyes base que las invadan, reformar la financiación, y promover un pacto local.

Reclama también un Senado configurado como verdadera Cámara de representación territorial, la presencia de las comunidades autónomas en los consejos europeos, respetar y fomentar la pluralidad lingüística y cultural, y posibilitar la relación horizontal entre comunidades.

En materia judicial, defiende la participación de las comunidades autónomas en el Tribunal Consttucional, que los tribunales superiores de justicia sean la última instancia en los cuatro órdenes jurisdiccionales (civil, social, contencioso-administrativo y penal), y que el Supremo quede como órgano de unificación de doctrina.