España y el Reino Unido alcanzaron el pasado día 31 de diciembre un principio de acuerdo con el fin de evitar que Gibraltar se convierta en frontera exterior de la UE. De este modo, en el Peñón se aplicarán las reglas de Schengen y se suprimirá la Verja una vez que Bruselas y Londres concreten dicho principio de acuerdo en un máximo de seis meses.

La jefa de la diplomacia española siempre ha defendido que cuando se culmine ese tratado se aplicará el espacio Schengen a Gibraltar para “facilitar al máximo la movilidad de los ciudadanos”, dejando claro que tanto en el puerto como en el aeropuerto del Peñón “la decisión última” de cómo se aplique corresponderá a España.

Esto ha sido refutado por el ministro principal del Peñón, Fabian Picardo, quien ha advertido de que no habrá controles españoles en el puerto y en el aeropuerto de Gibraltar.

Ante esta situación, González Laya ha constatado que “el responsable de que se aplique Schengen en Gibraltar es España, porque es el Estado miembro (de la UE) que pertenece a ese espacio”, atestiguando que “todas las normas relativas a la aplicación de Schengen en Gibraltar dependen única y exclusivamente de España”.

A pesar de ello, ha aclarado que lo anterior no impide que la libertad de movimientos de los gibraltareños siga dependiendo de las autoridades del Peñón.

No obstante, ha señalado que “en el puerto y en el aeropuerto la decisión última de cómo se aplica Schengen corresponde a España”, que durante el periodo de cuatro años de implantación del acuerdo podrá pedir la asistencia de Frontex, la agencia europea de fronteras.

González Laya ha preferido no profundizar en detalles sobre el principio de acuerdo alcanzado con Londres sobre Gibraltar por respeto al Congreso de los Diputados, donde comparecerá el miércoles para explicar con “luz y taquígrafos” los contenidos del mismo.

“En ese ejercicio espero contar con las fuerzas democráticas de este país, porque estamos tratando de una cuestión de Estado”, ha reiterado.