El objetivo de esta petición de FCM es valorar las actuales medidas legislativas, administrativas y políticas generales y específicas para su protección y recuperación, teniendo en cuenta los riesgos concretos y los factores de vulnerabilidad, como la incapacitación legal, la institucionalización, la pobreza, la ruralidad, la edad y el tipo de discapacidad.

Así, según indicó Igualdad en su respuesta sobre esta demanda, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género –órgano directivo adscrito al Ministerio de Igualdad- presentó el pasado 10 de septiembre de 2020 los resultados de la 'Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019', realizada en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Según declara, esta Macroencuesta es la operación estadística “más relevante” que se realiza en España sobre este tipo de violencia, al tiempo que, continua, “es la única estadística oficial para medir la prevalencia de la violencia contra la mujer", que se realiza aproximadamente cada cuatro años desde 1999 y está incluida en el Plan Estadístico Nacional. Además, indica, su parte IV está dedicada a las mujeres especialmente vulnerables a la violencia y, entre ellas, todo el capítulo 19, a la violencia en mujeres con discapacidad.

Asimismo, informa que la Delegación del Gobierno, dando respuesta a un número considerable de medidas contenidas en los informes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ha impulsado y financiado la mejora del conocimiento sobre la incidencia de la violencia de género en determinados colectivos vulnerables, en concreto, las mujeres con discapacidad.

Por ello, añade, el 3 de diciembre de 2020, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en el IV Foro Social de mujeres y niñas con discapacidad -organizado por la Fundación Cermi Mujeres-, se presentaron los estudios Mujer, discapacidad y violencia de género' y 'La violencia sexual en las mujeres con discapacidad intelectual', impulsados por la Delegación. Unos estudios destinados a mejorar el conocimiento "como complemento indispensable" para contribuir "de forma eficaz" a la lucha contra todos los tipos de violencia contra las mujeres, "aportando datos más fiables, completos y detallados y, con ello, mejorar la eficiencia de las políticas públicas y la toma de decisiones en la materia".