Boye declaró este lunes ante la jueza de instrucción número tres de la Audiencia Nacional María Tardón, y ha negado su participación en el presunto delito de blanqueo de capitales por el que está siendo investigado en ese juzgado. El abogado negó toda colaboración para blanquear dinero en connivencia con el narco José Ramón Prado Bugallo, `Sito Miñanco´, antiguo cliente del letrado.

En declaraciones realizadas al finalizar la comparecencia, Boyé aseguró que “la verdad solo tiene un camino y aquí se ha mentido mucho para tratar de incriminarme”. Defendió que “jamás cometí delito alguno” y comentó que como letrado solo estaba ejerciendo libremente su profesión.

El abogado aseguró tener “pruebas irrefutables que despejarán toda duda de mi total inocencia” y señaló que “como todo el mundo sabe” es defensor de distintas figuras políticas del independentismo catalán, entre ellas Carles Puigdemónt, Quim Torra y Laura Borràs.

Boye anunció que cuando acabe esta instrucción y “se haya despejado toda duda sobre su participación en este supuesto delito de blanqueo de capitales” por el que se le está investigando, “tomaré las medidas legales oportunas para averiguar si se ha cometido algún abuso de autoridad o negligencia en este procedimiento” y evitar así “que en un futuro ningún abogado sea perseguido simplemente por ejercer su profesión”.

El letrado también ha informado que solo se ha hecho el trabajo que como defensor tal cual establece el Estatuto General de la Abogacía Española y lo refuerza la propia Ley 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales, ya que el artículo 2.1 ñ) los excluye de ser sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales.

La propia ley establece, dicen desde su despacho, que los abogados no estarán sometidos a las obligaciones establecidas en los artículos, 7, 3, 18 y 21 con respecto a la información que reciban de uno de sus clientes, incluido el asesoramiento y la defensa sobre la incoación o la forma de evitar un proceso, independientemente de si han recibido u obtenido dicha información durante, antes o después del proceso, y guardarán el deber de secreto profesional por la defensa de la propia esencia del derecho y conforme a la legislación vigente.

Según la juez, varios correos humanos de la organización de `Sito Miñanco´ fueron interceptados por la Policía en febrero de 2017 en el aeropuerto de Barajas cuando transportaban oculto en el fondo de su equipaje un total de 889.620 euros.

Para encontrar la forma de recuperar el dinero, se reunieron con Gonzalo Boye y Jesús Morán, los dos abogados, que se comprometieron a elaborar unos documentos y a presentar unos contratos de compraventa de letras de cambio de acuerdo con los cuales, otro de los procesados las habría vendido a terceros unos días antes de la aprehensión del dinero en Barajas. La operación, según la jueza, no tenía “lógica comercial alguna” puesto que algunas de esas letras de cambio “ya estaban vencidas".